En más de un sentido, Chihuahua está en la vanguardia
de la modernidad. Los juicios orales instituidos durante la gestión del actual
mandatario César Duarte Jáquez se han convertido en modelo a seguir. A la
fecha, se replican en siete Estados de la República.
Justicia diferida no es justicia, reza
la máxima en donde impera el Estado democrático de Derecho. Sin embargo, abundan
casos en los que el retardo para individualizar o aplicar las normas da lugar a
hechos insólitos que causan drama y estupor. Para no ir muy lejos cabría
mencionar lo de Iguala y Chilapa en el Estado de Guerrero, así como lo de
Tlatlaya en el Estado de México y el genocidio ecológico en Sonora, en cuyo
origen no es ajeno el gobernador de la
Entidad, Guillermo Padrés Elías.
En Tlalnepantla, Edomex, en la sede de
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la más grande de toda
Latinoamérica, el esquema de justicia laboral inspirado en el modelo
chihuahuense se ponderó como prototipo a seguir, con motivo de haberse
escenificado ahí el primer caso resuelto con arreglo a las exigencias de
rapidez, objetividad y expedición.
Si bien la justicia diferida deja de ser
justicia en la medida que abre pausas a fin de que se infiltren consabidos
vicios de fraude procesal a cuya sombra prosperan los “abogados del diablo” que envilecen empresas
y empobrecen más aún a los trabajadores. Pero también hay horizontes
justicieros nuevos en donde el derecho laboral, el civil y el administrativo
recuperan dignidad y nombradía en defensa de obreros y trabajadores. Y en los
que resplandecen garantías a la productividad y a la competitividad en favor de
los señores del capital.
Administración de justicia que aplaza y
retarda la ejecución de fallos, sentencias y dictámenes de los más altos tribunales,
incluyendo por supuesto los de la SCJN, no sólo es arma que lesiona, hiere y
acribilla a usuarios; aniquila, asimismo, a los fuertes lo mismo que a los
débiles, haciendo poderosos a unos en detrimento de los pobres y necesitados. Es, así, origen y fuente
de rivalidad, de riñas, odios y acciones vengativas. De esto, somos actualmente
impotentes testigos oculares.
En contrapartida, una administración que
proclama y pone en práctica el modelo de expedición, certeza y prontitud en el planteamiento y resolución de las
controversias, es fortaleza, dique defensivo y valladar para impedir usos y
abusos en daño y perjuicio de los débiles. Es acotación y freno, lo mismo para los
poderosos y los fuertes. Los juicios
orales, sobre todo en tiempos en que impera la corrupción política y el
contubernio de los que tienen y quieren tener más, son eficaz Ombudsman para
contener a los cárteles de la criminalidad. Los juicios orales serían, de ese
modo, el antídoto para erradicar endemias
y pandemias que proliferan con patente de inmunidad.
Bien por los chihuahuenses, por tanto, quienes
pueden ya ufanarse de que no todo es en contra de ellos las difamaciones y las
publicitadas anomalías, acusaciones sin pruebas y sin sustento. Bien en la
medida que no todo es feminicidios, abusos contra las mujeres y acosos contra
indígenas indefensos.
En Chihuahua hay progresos que apresuran
la reforma educativa. Es ejemplo de ello el Instituto Tecnológico de Paquimé
recién inaugurado, el cual da continuidad a un pasado de inventiva y esplendor
cuyo testimonio son las muestras de cerámica heredada por los primeros
habitantes de la región. Chihuahua preside, además, la apertura del mercado
internacional en materia de inversiones en áreas estratégicas donde hay mucho
por hacer, más qué proteger en rubros sustanciales: las garantías laborales y el
empleo retributivo, para ejemplificar. Es decir, en todo lo relativo a derechos
que competen y comprometen.
