Dar a cada quien lo suyo con arreglo a
Derecho es el ideal que da a la justicia su propio y radical sentido.
Prontitud, objetividad y expedición son rasgos que le otorgan definición e
identidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es, en tal sentido, el
Máximo Tribunal responsable de administrar el supremo valor, la justicia, de
cuya realización depende la convivencia en términos de paz y armonía.
El cuarto y último informe del
Presidente de la SCJN, Juan N. Silva Meza, refrenda en sus partes principales
hasta qué punto el Poder Judicial emite la última palabra en las controversias
que se ponen bajo su análisis y resolución. Asimismo, a la luz del informe la opinión nacional podrá enterarse acerca de
la eficacia, la prontitud y los límites de expedición, sin descontar la
objetividad de todas y cada una de las resoluciones asumidas por la
institución.
El informe en cuestión se produce en el
corazón de la mayor turbulencia política, económica y social de que haya
memoria en el país. Tabasco, Oaxaca y Guerrero en el sur de la Nación; Morelos,
Estado de México y Michoacán en el centro del país; Chihuahua y Sonora en la
frontera norte son demarcaciones en donde la violencia, el acoso a los indígenas y la
corrupción son heridas abiertas ante la lentitud de una justicia que da pábulo
a la incertidumbre, motivo para el descrédito de las autoridades y excusa para las
resoluciones diferidas. En suma, oportunidad para zanjar diferencias por mano
propia.
En breve se definirá el rumbo de la SCJN
con motivo del relevo en la Presidencia del
Máximo Tribunal. Al igual que hace dos décadas, por estos días, la
elección se ofrece como una alternativa en la que estará en juego el futuro de
la seguridad jurídica en cuanto a la personalidad del sucesor en la honrosa
encomienda como en la restructuración de los tripulantes al lado del nuevo
titular.
En 1994 estaba al frente del Máximo
Tribunal un filósofo del Derecho de altos vuelos. El Dr. Ulises Schmill,
kelseniano, académico de excepcional erudición y talento daba renombre y lustre
a la SCJN como nunca antes y como nunca después de él. Esta vez, el relevo
aparece, igualmente, como enigma de difícil resolución.
Margarita Luna Ramos lleva a la fecha
una delantera que marca rumbos en la fragorosa, incierta y decisiva contienda
por ahora sin visos tangibles de resolución en cuanto a quién habrá de presidir
los destinos del Máximo Tribunal. No todo lo determinará ciertamente el género,
aunque se da por descontado que se percibirá un grato respiro de alivio en el
caso de ser la ministra Luna Ramos quien resulte la elegida.
Casos como el que se plantea en Sonora,
sin duda quedarán como testimonio elocuente de aquello que no tiene por qué
repetirse. Sucesos bochornosos de abuso de autoridad como los que abandera el
gobernador de la Entidad, no tendrían lugar en un Estado que se presume como
Estado Democrático de Derecho.
En la República de las leyes, en el
modelo de Nación de libertades y responsabilidades no tienen sitio, es decir,
no habría por qué admitirse o tolerarse la imposición de acueductos,
gasoductos, o bien oleoductos, al margen
del interés y la voluntad social, previa consulta de los pobladores. El
Acueducto Independencia en el Valle del Yaqui es, sin duda alguna, el ejemplo
más ilustrativo de abuso de autoridad, de ilegalidad de Estado, de injusticia
tolerada y alentada, incluso por
dependencias oficiales, adscritas a la administración federal como símbolo de ineficacia
institucional. Es testimonio de alianzas nefastas que corroen la credibilidad y
la confianza ciudadanas. Y por encima de todo, propician la impotencia (ineficacia) del Máximo Poder
responsable de dar justicia en tiempo y forma, conforme a Derecho.
