Por enésima ocasión, el organismo
facultado para atender problemas hidrológicos, CONAGUA, incumple su responsabilidad:
culminar la controversia sobre la licitud o la ilegalidad en torno al Acueducto
Independencia que, por hoy, mantiene cada vez más divididos a los sonorenses. A
los empresarios del norte del Estado frente a los productores del sur de la
Entidad.
Tres veces CONAGUA ha solicitado espera a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el fin de emitir su fallo
de revocación o validación de los
títulos de concesión de agua en poder del CEA, en Sonora, con igual resultado,
incluyendo la más reciente de la semana anterior. Esto lleva a Baltasar Peral
Guerrero, miembro del Comité Técnico del Agua, a declarar que el mensaje
cifrado del organismo, especie de Telegrama Zimmermann, es un mensaje de Ilegalidad.
Es tiempo, sin embargo, para descifrarlo y con el objetivo de proceder en consecuencia.
A nuestro modo de ver, lo que ahí se
encierra atañe al propio titular del Ejecutivo federal. En otros términos, CONAGUA
está lejos de estar revestido de autonomía absoluta, y como si fuese un Poder al lado de los
Poderes consabidos
Asiste razón a Peral Guerrero. En efecto,
CONAGUA es el organismo rector de todos los asuntos hidrológicos que hay en el
País. En consecuencia, al suceder alguna inconformidad o controversia
ventilada ante los tribunales, incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se
espera que todo se conduzca en términos de respeto en el sentido de acato y
obediencia a los dictámenes y a los fallos, incluyendo por supuesto, y de
manera insoslayable, los de última instancia en caso de haberlos.
Es lo que sucede en el Valle del Yaqui.
Ahí, ejidatarios, productores y pueblos indígenas (de la Tribu Yaqui) sufren
violaciones a sus derechos sobre tenencia del agua, enajenación fraudulenta del
vital insumo, acoso y retención de recursos por concepto de transferencias en
el Presupuesto para todos los municipios, sin discriminación por ser considerados disidentes.
Volviendo a lo del desacato por parte de
CONAGUA, cabe reflexionar acerca del sentido y los efectos a que da lugar la
rebeldía del organismo y el cinismo para declararse imposibilitado a fin de
emitir su fallo de revocación o validación de los títulos otorgados.
El sábado anterior, el Comité Técnico
del Agua (“Tribuna del Yaqui”, 3A) informó sobre un escrito preparado por sus
abogados, dirigido a la SCJN, en el que demandan se sancione a CONAGUA, y se
obligue que acate el mandato de la Primera Sala de la SCJN.
Ahora bien, ¿es legítimo que organismos
como CONAGUA incumplan resoluciones de los tribunales y aun desobedezcan fallos
de la SCJN? ¿Existe impunidad, con ese efecto? ¿Es la controversia en cuestión
un problema técnico, de técnica jurídica?
O como bien dice Peral Guerrero, ¿se
trata de una cuestión política y por lo mismo es una franca confrontación
ideológica, partidista? Es decir, ¿consiste en una controversia disfrazada
y en realidad es un vderdadero conflicto de intereses? En otras palabras, ¿hay ahí un lobo escondido
en la piel de indefensa y mansa oveja?
Complejo y peliagudo enigma espera al
próximo titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ineludible
conflicto a superar el que habrá de enfrentar con lucidez, solvencia teórica y
conceptual, el sucesor de Juan N. Silva Meza. La actual aporía envuelta en
ropajes engañosos, en este conflicto de intereses, habrá de conducir a la cuestión: ¿quién debe ser el defensor de la
Constitución. ¿Debe ser el órgano legislativo? ¿Debe serlo el Presidente, según
pretendía Carl Schmitt? ¿O bien debe ser el órgano judicial según lo fundamentó
en su Teoría General del Estado el príncipe de los juristas de todos los
tiempos, Hans Kelsen?
