La guerra del
agua, por el agua y por la sobrevivencia de los débiles, no es de inicios de
siglo. Tiene historia. En Sonora, por caso, data de medio siglo atrás. Hasta
ahora, la exigencia de los usuarios más desvalidos ha sido ignorada por las
instancias federales, CONAGUA entre otras.
Ha
sido y es una guerra sin más armas que el reclamo legal. Desde el
Presidente Cárdenas hasta hoy, no ha
habido Mandatario capaz de atender la queja de los legítimos destinatarios del
recurso. No sólo las etnias en vía de exterminio han sido los únicos grupos
lacerados por la indolencia oficial. También los ejidatarios y los pequeños
productores, son objeto de la indiferencia gubernamental.
Sonora
es, por hoy, macro ejemplo de lo anterior. La desigual batalla de la Tribu
Yaqui ha rebasado todo límite: el geográfico, el político y el legal. Se ha ido
de los tribunales locales al máximo tribunal de la Nación, la SCJN, sin que la
situación se modifique en un ápice. Los acuerdos se suceden a los acuerdos, las
sentencias a las sentencias, sin que el Estado de Derecho cubra los vacíos de
legalidad y sin que el daño actual y los perjuicios en el futuro inmediato
muevan las conciencias de políticos “de nomine”, de administradores y
representantes venales.
Ayer,
nada menos, en el kilómetro 92, en la proximidad del Ejido Juan Escutia
(Huatabampo), cientos de ejidatarios, hombres hastiados (con palabras de ellos)
por la sordera institucional de que son víctima, decidieron secundar con
acciones temerarias, en gran medida, exigiendo que se les otorgue, de una vez
por todas, el título diferido de concesión del agua.
Piden
en términos perentorios que, al igual que a los pueblos indígenas del Yaqui, se
restituyan sus derechos violentados. Demandan legalidad, justicia, equidad en
la dotación y administración del agua, recurso que se les usurpa, regatea y
niega, contraviniendo resoluciones que están por encima de intereses
particulares y de gente presuntuosa, explotadores profesionales de quienes
menos tienen y más luchan por vivir y sobrevivir.
No
ha llegado aún la sangre al río, y esperamos que ante el desdén de organismos
oficiales como CONAGUA, PROFEPA y SEMARNAT, eso jamás ocurra. Y que esta guerra
sin armas, tiros y bayonetas, concluya a la brevedad. Es decir, que el
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, haga cumplir la orden, en
tiempo y forma, de restituir el agua a quienes tienen el derecho de beneficiarla
y usufructuarla. En suma, que la expresión “Estado de Derecho” deje de ser una
mampara para ocultar vicios de los poderosos y de políticos para quienes el
derecho de mentir es válido, aquí y ahora.
Lo
que afirma el investigador de la UNAM, José Joel Carrillo Rivera, tiene
actualidad, validez y objetividad. Más que de escasez, por ahora, el agua es
problema de gestión, pertinencia y probidad administrativa. Dice más: “En
términos estrictos la participación
social en la gestión no sucede porque para la ley la presencia civil se da mediante
organizaciones formales…, pero los ciudadanos y los académicos no se encuentran
incluidos”.
Los
tiempos apremian. Y nadie con uso de razón, podría negarlo. Es hora ya, por
encima de excusas y dilaciones, de poner fin a la contaminación letal del
recurso, al dispendio irracional, a los manifiestos demagógicos que sólo
benefician a los pudientes, a los defensores y héroes epónimos de causas
innobles e inefables.
