Conmovedor
júbilo produjo el 99 aniversario de la Constitución, nuestra Carta Magna en
cuyo texto se atesoran las garantías esenciales de los mexicanos, cuya letra no
admite discriminación alguna: étnica, religiosa política y cultural.
Es
el pilar de la República, dijo en su mensaje el titular del Ejecutivo federal,
Enrique Peña Nieto.
Gran
plataforma jurídica de la Nación, es palanca a fin de impulsar y dar firmeza al
desarrollo integral de México, sostuvo en el Teatro de la República donde se conmemoró
la casi centenaria Carta en la que se contienen derechos y obligaciones, con
plenitud de eficacia, según palabras del Presidente de México.
Le
siguió en el uso de la palabra, con singular elocuencia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN), ministro Luis María Aguilar, para quien la Constitución
continúa iluminando la faz del país. Es faro, expresó, que ha de regir la
convivencia social.
El
auditorio escuchó las solemnes y vibrantes palabras enunciadas por quien
preside el máximo tribunal de justicia: Nadie sobre la Constitución, nada sobre
ella.
Mientras
tanto, en torno a la eficiencia y eficacia del supremo ordenamiento, voces
encendidas de pasión ideológica se han hecho oír durante los días previos a la
conmemoración.
Por
un congreso constituyente claman los partidarios de un documento nuevo,
flamante, como salido de las manos de Atenea. En tal sentido, demandan la integración
de un cuerpo colegiado que derogue todos y cada uno de los mandamientos del
máximo código legal, con el objeto de contar con un código reinstaurado y emprender,
así, una gobernabilidad distinta a la
que ahora se tiende sobre nosotros.
El
argumento es simple y contundente: la Carta Magna está llena de añadidos como
si fuese una suma de acuerdos remediales para salir del paso. Por ello y mucho
más, cabría efectuar su renovación partiendo desde cero. Pero, ¿estaría dicho
proceso precedido por algo así como una Convención, similar a la de Aguascalientes?
No a la propuesta iconoclasta: a la de cambiar el
todo por el todo, exclaman otros.
Lo
aconsejable a los políticos, legisladores y mandatarios de todos los niveles,
entonces, sería el asumir una actitud distinta, diferente y hasta radicalmente nueva,
por tanto, a fin de proceder respecto a su conducta ante la Carta Magna.
O
sea: el conducirse y convocar a conducirnos con mejor intencionalidad; actuar motivados
por responsabilidad y según pública y libre determinación. Por consenso
ciudadano, hacia un nuevo concepto de constitucionalidad.
Una
nación de leyes quería don Plutarco Elías Calles; no de temperamentos.
Sin
embargo, de Norte a Sur, de Noroeste a Sureste hay sucesos que dejan mucho que
esperar en lo que se refiere a legalidad y constitucionalidad.
Tajamar
no es el único escenario que nos hace preguntar acerca de si no estamos
viviendo bajo el techo de un “hábitat” raído por la arbitrariedad, roído por la
anarquía y depredado por amantes de lo ajeno, así como por la acción de salteadores
sin oficio ni beneficio.
Pero
en Tajamar se puede ver, como en gigantesco espejo, el abuso y la impunidad en
todo su infernal acoso dirigido a destruir el entorno ambiental, con
autorizaciones de organismos oficiales y con
la aprobación expresa de funcionarios corruptos que pululan allá, acá y
acullá. Sentencias y amparos han ido y v venido como si nada.
Un
oasis para empresas ávidas de ganancias ilícitas son las diversas regiones del
país enajenadas al mejor postor, bajo mantos de complicidad y de nefasto
contubernio.
Hoy
es Tajamar el centro de la noticia, que nos da a entender que nuestro sistema
de normas y, por tanto, nuestra Carta Magna, requiere de una defensa eficiente
y eficaz, al servicio de la legalidad y de la constitucionalidad.
¿Ha
llegado, en consecuencia, la hora a fin de que la Suprema Corte de Justicia de
la Nación se convierta en el faro radiante que alumbre la oscuridad que amenaza
desde todos los horizontes de nuestra convivencia, en términos de paz, equidad
y de justicia?
¿No
es, finalmente, la SCJN custodio y baluarte del Estado de Derecho el cual no
dejan de invocar políticos amantes del federalismo, del parlamentarismo y de la
legalidad a toda prueba?
