La
SCJN hace volver a Sonora, la Entidad
gloriosamente revolucionaria, al Estado de Derecho, violentado a últimas
fechas. Recobra su sitio de honor el nombre del general Plutarco Elías Calles,
fundador de la organización partidista que hace un par de años regresó a la
sede del máximo Poder político en México, célebre estadista que contribuyó a
que la Nación dejara de ser un país de temperamentos veleidosos y pasara a
ocupar el sitio de Nación de leyes y de instituciones.
El
proceso sancionador en manos de CONAGUA, ordenado por el supremo Tribunal de
Justicia establece el término de la imputación y señala hacia el punto final de la controversia, haciendo valer que la
célebre paradoja de Zenón se resuelva de tal manera que la tortuga, por fin,
alcance al veloz Aquiles.
Se
supera el dilema acerca de quién tiene la justicia de su parte. Y queda
superado el enigma de si la SCJN favorece
la ilegalidad o bien si refrenda la clásica definición de justicia: el
dar a cada quien lo suyo. Pero conforme a Derecho y no según el criterio
subjetivo de cada individuo o grupo en particular.
Pierde
sentido, en consecuencia, el infundio de que la Suprema Corte emite sus
resoluciones al modo como lo hacía el oráculo de Delfos. La separación del
cargo al funcionario en desacato fue, junto a la clausura de los trabajos de
construcción del Ramal Norte, decisiones
en este largo proceso sancionador que hoy presumen los líderes triunfadores en
una de las causas judiciales más inciertas del candente Siglo.
La
reciente multa fincada por CONAGUA, con motivo de graves violaciones a la Ley
de Aguas Nacionales y su Reglamento, es un gozne más en esta larga cadena de imputaciones cuyo capitulado llega,
afortunadamente, a su fin final.
El
Acueducto Independencia se convierte, así, en el más onerosos de los proyectos de
su género llevado a efecto al margen de la legalidad; el más audaz y temerario
de cuantos se conozcan por sus disfraces de equidad y de justicia; el más
procaz por esconder prácticas de enriquecimiento ilícito a manos de personeros,
a la sombra del poder arbitrario y corruptor. En suma, es el de mayor
peligrosidad para la paz social y la armonía entre ciudadanos.
Las
sucesivas sentencias y resoluciones del Poder Judicial de la Federación, la SCJN
al frente, tendentes a restablecer el Estado democrático de Derecho en Sonora,
hacen de la construcción del Acueducto, de los daños ocasionados en el medio
ambiental, de los abusos cometidos en contra de los productores del Valle del
Yaqui, de las suplantaciones y los nefandos negocios de “cuello blanco”, el más triste de los sucesos a recordar, la obra
pública ostentosa y afrentosa que jamás habría que realizar y el desdoro a la dignidad de las
personas que nunca habrá de permitirse, con arreglo al imperio de la justicia
jurídica y la legalidad.
Pasará,
sin duda, a la crónica de la incuria y la irresponsabilidad de los autores
directos y de sus asociados, a fin de propiciar el desgobierno en la Entidad.
Pero hará historia y sentará precedente: será un “Yo Acuso”, por su rotunda
contundencia y ejemplaridad. Será translúcido
expediente en cuanto a invocar la inviolabilidad del Derecho y la punibilidad a
todo acto violatorio por aquellos que se atreviesen a desdeñar el juramento de:
“Respetar y hacer respetar las leyes y sus reglamentos”.
Cosa Juzgada,
caso resuelto será, en adelante, la resolución del supremo órgano de Justicia, con
arreglo a la cual brilla, con inédito resplandor, la equidad institucional. La
paz por medio del Derecho será, pese a todo, culminación del costoso y deplorable
entuerto que ha hecho dudar, incluso, a los mejores espíritus acerca de si en
la Entidad donde hizo camino al andar el fundador de la Nación de leyes, se
sobrepondría la anarquía, la sinrazón y la arbitrariedad.
