Un
derecho más que privilegio otorgado por el poderoso, es la consulta popular. Es
forma de control ciudadano con la finalidad de evitar, y aun de impedir, que
impere los impulsos del autócrata y las tendencias del aprendiz en política,
cuyos abusos van del atropello hasta la
temeridad y la plena ilegalidad.
El
ejercicio de la consulta es, en este sentido, parte esencial, constitutiva, de
la democracia en el Estado de Derecho.
Ocurre
el comentario con motivo del acuerdo concertado para efectuar la consulta a la
Tribu Yaqui acerca de la construcción del gasoducto Sonora-Sinaloa. Pero las malas
lenguas hablan de “tapar el pozo después del niño ahogado”, aludiendo al
Acueducto Independencia: a los abusos, la corrupción y los delitos de “cuello
blanco” cometidos durante su arbitraria ejecución y puesta en servicio.
Sin
embargo, se trata de dos proyectos diferentes. Para empezar, el gasoducto
Sonora-Sinaloa es un proyecto del Gobierno Federal, con previsibles efectos que
garantizan el desarrollo integral de ambas Entidades: impacto en el empleo
regional, fomento en la actividad agroindustrial y las manufactureras, así como
en la producción de energía a precios accesibles.
El Acueducto
Independencia fue un proyecto organizado
en la penumbra que da la semioscuridad del silencio y favorece la complicidad en lo que se refiere a
inversiones y a su nominal utilidad en cuanto a beneficios en favor de la sociedad en su conjunto.
En
cambio, el gasoducto Sonora-Sinaloa es, en principio, un proyecto con sentido
social, Se trata de una obra con miras al futuro progreso regional.
Por
su parte, el Acueducto se ha vuelto un verdadero “dolor de cabeza”, dice con
toda razón el alcalde de Cajeme, Rogelio Díaz Brown. Representa, ciertamente,
un atropello a los derechos de la Tribu Yaqui y es una fuerte embestida contra los
productores del sur del Estado. En suma, es un perjuicio evidente a las
finanzas públicas, a la Ecología del Valle del Yaqui ahora y en el muy corto plazo.
Por
otro lado, mientras el gasoducto se perfila como un modelo a seguir en todo
aquello que tiene que ver con el ambiente, con la productividad y el empleo, el
uso y el usufructo de los recursos naturales en términos de beneficio social,
el Acueducto y lo que de él quede, se avizora como ejemplo a no seguir, referente
de lo que no deberá nunca repetirse. Es decir, el primero favorece al Estado
democrático de Derecho; el segundo, al contrario, reinstaura usos y costumbres del
Estado autocrático de Derecho. Uno justifica la participación ciudadana; el
otro la desvirtúa, la mancilla y la corrompe.
El
municipio de Cajeme considera un “honor”, con palabras del alcalde Díaz Brown,
el haber sido elegido escenario para formular el acuerdo según el cual la Tribu
Yaqui reasume sus derechos a ser oída y
consultada. Y esto abona el ejercicio democrático por parte del Ayuntamiento,
de su edil y de los ciudadanos, para quienes el poder del sufragio es factor básico
en la recuperación de la democracia en Sonora, próximamente.
El
paralelismo no termina aquí. Tendrá repercusiones a tomar en cuenta para
futuras propuestas antes de decidir, en lo oscuro y el silencio, su
eventual realización. Por lo pronto
habrá que examinar la intencionalidad que hay detrás de ambos proyectos: su
perspectiva social, los costos en lo económico y en lo político. En suma, lo
redituable en orden al bienestar, desarrollo y progreso de la comunidad.
Los
tiempos de austeridad, cautela en las inversiones públicas y atención a la
demanda de transparencia en el manejo de los bienes públicos, reclaman que el
ascenso al poder se acredite según la experiencia de los aspirantes, su
honestidad y respeto a los derechos de las minorías. La vuelta a la democracia
tiene, por lo visto, altas exigencias.
