Lo
que parecía enigma difícil de resolver, se despeja de una vez por todas. En el
largo y lóbrego acueducto para trasvasar agua de “El Novillo” a Hermosillo,
resplandece al final la luz. Aunque falta el resultado de la consulta a la
Tribu Yaqui, la directamente involucrada. Aquello de “los primeros en tiempo,
han de ser primeros en Derecho”, podría lograrse, en la forma aunque no en el tiempo.
Pese
a las sobrias observaciones y los sabios criterios de Hipócrates, el genial
médico de la antigüedad, sobre el examen previo y el diagnóstico, se presenta
éste, pero sigue en vías de realización la consulta, incurriéndose en un error
de método, el “ex post facto”, literalmente: después de hecho.
Más vale tarde
que nunca, se dice. Sin embargo se precisa el dicho, diciendo: Vale más nunca
tarde.
En
el caso del Acueducto Independencia, todo ha ido de adelante para atrás. En vez de comenzar por el
principio, como acostumbran hacer los ingenieros y los arquitectos, se empezó
la obra sin planos, sin un proyecto técnicamente validado por expertos. Se
allegaron recursos financieros, materiales y albañiles, contratistas de “cuello
blanco”, a fin de poner en marcha, con premura, la construcción. No se sabe la
razón y el por qué. Jamás se tomaron en cuenta las condiciones de rigor: las
disposiciones legales y administrativas. No se llevó a juicio de ambientalistas y de especialistas en asuntos
hidráulicos, la viabilidad de la obra.
En
menos de un lustro. Ya tardíamente, se descubrió que el paciente, es decir, el
Acueducto, no tenía identidad jurídica, no
contaba con “papeles” que le atribuyeran personalidad. Por lo tanto, le faltaba rostro y
autenticidad; en suma, circulaba al margen de la legalidad. Carecía de requisitos previos, los que
permiten al sujeto o persona andar a la luz del día, con aires propios de libertad
y responsabilidad. Inclusive el Acueducto se bautizó, siendo aún “nonato”.
Acaba
el paciente, en el caso el Acueducto, de
pasar las pruebas de rigor, otra vez “ex post facto”, y los profesionales
responsables formulan sus diagnósticos que van desde los datos materiales hasta
los criterios legales, coincidiendo, en términos generales, acerca de
irregularidades (lesiones, violaciones, daños y efectos) que no son de leve
curación y reparación, pero que habrá de intentarse dado que el enfermo respira
aún y muestra signos vitales positivos.
A
pesar de que no se han adjuntado datos por parte de los directamente
involucrados o cercanos, los resultado
de la consulta que debiera haberse efectuado antes de poner mano a la obra, los
técnicos autorizados (CONAGUA, por ejemplo) presentan un informe o dictamen que
da mucho en qué pensar sobre el futuro del paciente.
Se
habla de irregularidades que contribuyen a que el remedio sea más caro que la enfermedad. Por ejemplo, hay tubería mal
colocada y tendidos de ductos en lugares expuestos al tránsito de excesiva
carga. Se advierte acerca de posibles y graves desperfectos que causan inseguridad entre habitantes de los
asentamientos humanos dispersos.
El
diagnóstico no dice nada acerca de lo que pueden esperar los usuarios en caso
de que haya decisiones drásticas y nada deseables. Se espera, no obstante, el
fallo de una resolución salomónica. Es decir, una decisión equitativa, de
justicia jurídica, humana, que tome en consideración que la controversia no
trata de cosas, sino de personas: unas, que requieren del vital líquido como
insumo para la agricultura; otras, que dependen del suministro para el
indispensable consumo doméstico.
Se
vive el presente con ánimo diverso, entre las familias del norte de la Entidad
y del sur. Pero falta el sabio Salomón. Esperemos que surja, con oportunidad y
pulso sensible y justiciero para bien de todos en el inmediato porvenir.
