Los
ocho pueblos que integran la nación yaqui, no están abandonados a su suerte. En
modo alguno. Frente a la crucial controversia, están amparados por el Derecho
positivo mexicano, las leyes reglamentarias y por un Poder Judicial de la
Federación que, tarde pero incólume en
sus funciones, acude finalmente en su tutela. Están blindados en contra
de agresiones y protegidos por sus líderes: funcionarios y ex funcionarios
dispuestos a presentar un solo frente a los que osen prender la mecha para amedrentarlos,
someterlos y aun exterminarlos.
Abanderan
una causa que, por demás, está decirlo: es justa y legítima, con todo y que la
justicia jurídica ha procedido, en el caso, como la tortuga de Zenón: jamás
alcanza aquélla al presuroso y raudo Aquiles.
Para
la Tribu, no hay cansancio que valga. Pero tampoco están solos. De ningún modo.
A su lado, está todo un cuerpo de hacedores de leyes, líderes valiosos y
valerosos; ex dirigentes políticos y representes de opinión a nivel nacional,
quienes han expresado que las armas contra las cuales se las tendrían que ver
los facinerosos, aprendices en el arte de mandar, son endebles e inofensivas resorteras.
Aquí
están algunos de los personajes en pie de lucha, al lado de los descendientes
de Cajeme, el legendario yoreme, héroe de cien mil batallas: Adalberto Rosas y
Rogelio Díaz Brown ex alcalde, respetado dirigente del Movimiento Ciudadano
el primero; actual munícipe, laureado,
el segundo, reconocido educador, activo renovador del municipio, activista
desde el pódium municipal, mandatario con arrestos para enfrentar la creciente ilegalidad y arbitrariedad.
Ameritan
mención los personajes de la talla de Faustino Félix Chávez, legislador federal, por sus diligente actividad en el Foro de la
actual Legislatura con el fin de concertar inversiones y promover recursos
económicos para la comunidad, así como para dar la crucial batalla, ganada en
principio, fin de que las sentencias de la SCJN relacionadas con las
violaciones y la desbordada ilegalidad por el Acueducto, se cumplan al pie de
la letra y con arreglo a justicia y equidad.
En
el plano estatal, son dignas de respaldo popular pronunciamientos como los de
Abel Murrieta, diputado local, valiente defensor de la Etnia en apremio por
represores de oficio contra Tomás Rojo y Mario Luna. Por último, no habría que
olvidar la puntual exigencia del Cabildo cajemense en el sentido de que CONAGUA
repare los daños perjuicios ocasionados por su inepcia, contubernio e
irresponsabilidad.
Es
de citar las muestras de indignación y de repudio por parte del alcalde Díaz
Brown, quien lo mismo califica de “medidas desesperadas” las utilizadas para
amedrentar a los líderes yaquis que descalifica, asimismo, las acciones impunes y arbitrarias en contra de la
municipalidad.
En
Sonora se dice que hay ostensibles vacíos
anticonstitucionales y que andan sueltos como si nada los victimarios
del Estado de Derecho y quienes desafían la legalidad: francotiradores desde el
Poder.
Mientras
tanto crece la nómina de acusaciones y hay pruebas concluyentes, aparte de las acumuladas.
Son por concepto de negocios nefandos, previos a la construcción y puesta en
servicio del acueducto de la discordia. En pocas palabras, relacionadas con la
compra de vastas extensiones de tierras por gente inescrupulosa, en las cercanías
a los ductos que travasan el vital líquido. A esto se suma la denuncia (“Tribuna”,
23.06.14) de que hay salitre en las aguas de consumo doméstico y uso agrícola
en pozos de la Tribu, por donde va el
agua de la presa “El Novillo” a su destino. A los crímenes conocidos se añaden
nuevas ofensas y peores daños. Los delitos de “cuello blanco” no ocurren en las
sombras de la criminalidad. Pero urge denunciarlos y darles el merecido castigo
ejemplar.
