Por
enésima ocasión, los pueblos yaquis son víctimas de persecución y robo. Para varios
de sus dirigentes, hay órdenes de captura: Tomás Rojo y Mario Luna, vocero y
líder, así como autoridades de la comunidad.
Con
anterioridad, sobre la Tribu se había desatado cruel emboscada con el propósito
de doblegarla en su actitud de rebelión. Muchos de ellos, miembros de la etnia,
han padecido atropellos, violaciones y daños en sus bienes y posesión. Todo, a
causa del “Acueducto de la Ilegalidad”, así llamado por la sistemática
violencia del Estado de Derecho.
Los
funcionarios irresponsables del Juzgado de Distrito son denunciados a la
opinión pública por su cínica complicidad, señalados como agentes corruptores
de la Ley. Con índice de fuego se les señala como francotiradores que no
contribuyen a resolver conflictos: los agravan y empantanan más allá de lo
indecible.
Con
este efecto, la etnia yaqui ha sufrido y sufre en carne viva lo que algunos
grupos marginados en vía de exterminio. Han padecido acoso y extorsión a manos
de sus expoliadores. Nos referimos a la táctica del halago y al método de la
dádiva que corrompe. Usan absurdos señuelos ante quienes, víctimas del hambre y
la miseria, se supone fáciles presas ante el apremio alimentario y la sed de
justicia.
Se
sabe de los procaces intentos para sobornar a los dirigentes en pie de lucha,
Se sabe del regalo de un templo para que los religiosos de la Tribu, asentados
cerca de la Loma de Guamúchil y de Estación Corral, llevaran a cabo los
rituales de adoración propios de su fe. También se conoce la enérgica respuesta
a los prevaricadores: el desdén sin tapujos por parte de los creyentes
indígenas a fin de rechazar la banal dádiva.
Los
yaquis, sus líderes a la cabeza, han dicho que nada ni nadie los disuadirá. Están
dispuestos a ofrendar su vida y libertad, aseguran, y continuar su frontal
batalla para amparar su vital patrimonio:
el agua. Han sacrificado su magro bienestar, la cálida tranquilidad hogareña,
la integridad de sus personas, con el fin susodicho. A riesgo de su seguridad
personal y el de sus familias mantienen en firme su legítima protesta, su justa
rebeldía y su esperanza en la recta aplicación del Estado democrático de
Derecho, tutelado por la SCJN, sus Jueces y Magistrados.
Pero
no están solos y abandonados los indios
yaquis. Al igual que mayos y guarajíos; pimas y tarahumaras; mazahuas y
zapotecas, etcétera, etcétera. Los amparan las normas constitucionales, las leyes
y sus reglamentos; los despechos para
atender asuntos de los indígenas. Todoindicas que sus funcionarios se hallan
prestos a fin de cumplir las funciones
que les competen. Idos son los tiempos en que los indígenas eran seres
irracionales de carga, menesterosos y ociosos, carga para la sociedad.
Obsoletos
son los usos y costumbres que identificaban a los indígenas como tránsfugas de
la civilización y definían a los pobres como delincuentes. Sin embargo, hay
resabios de la época del “laissez faire”, cuando el ser pobre era lo mismo que
ser criminal, candidato al asilo de ancianos o candidato al reclusorio.
Hoy
los gobiernos se inspiran en el Estado de Bienestar que garantiza equidad e igualdad de todos ante la
Ley; los grupos minoritarios, indígenas, religiosos y opositores, gozan del “estatus”
ciudadano, por lo que ya no es admisible el título de apátridas para los que,
sin derechos ni garantías, sobrellevan estigmas de opresión.
Legisladores
y autoridades velan hoy, por ejemplo, a fin de que la justicia y la razón asista a la Tribu Yaqui.
Sonora cuenta con líderes y políticos connotados al servicio de la legalidad y
la igualdad. Serán, sin duda, los conductores
en un futuro inmediato de una sociedad, por hoy víctima de discriminación
racial y marginación política.
