Los
pactos, acuerdos y las resoluciones judiciales deben ser puntualmente acatados
y llevados a las consecuencias y a los términos establecidos. El contenido de
los mismos no admite recelo, desconsideración o reticencia por parte de los contratantes. Tampoco hay
margen para incurrir en dolosa obstrucción y tratar de dilatar y diferir, por
cualquier medio, su ejecución, incurriendo con ello en faltas al respeto del
que son merecedores.
En
letras de oro se inscribe el principio supremo del Derecho: “Pacta sunt
servanda”. Su validez y eficacia son baluarte sin los cuales se derrumbaría y mutilaría
el denominado Estado de Derecho. El mundo y todo lo que hay en él serían de “mi”
propiedad, dejando entonces al arbitrio de cada quien el hacer o el dejar sin
efecto la honra a los compromisos
adquiridos.
En
Sonora, específicamente en el de municipio de Cajeme, donde se asientan los
pueblos aborígenes que integran la ancestral y aguerrida Tribu Yaqui, allá se
dirime la crucial controversia en torno al agua. En manos nada menos que de la
SCJN, de las dependencia federales facultadas para actuar en la determinación
de lo “suyo de cada quien” está lo relacionado con su uso y usufructo, el tema
de los derechos jurídicamente adquiridos; el reclamo ingente de una de las
partes invocando su derecho al disfrute del vital líquido en tanto patrimonio o
legado universal de la Humanidad.
Exige,
entretanto, la contraparte acato puntual a las decisiones judiciales con el
propósito de poner fin a la incertidumbre y restablecer la validez de los
derechos que le atañen. Y así, las candentes
incógnitas giran en torno a lo que es justo con arreglo a la legalidad y
la constitucionalidad, sin desestimar muchas otras que se añaden al paso del
tiempo (largos cuatro años) que tienen que ver con posicionamientos de orden
político y asuntos de carácter económico de última hora.
La
desinformación, asimismo, hace lo suyo. Hoy se amanece con la noticia de que
comienzan a rodar cabezas con motivo de las resoluciones judiciales vinculadas
con el Acueducto. En la tarde del mismo día, los medios informativos dan a
conocer lo contrario. Y en ese tormentoso océano, las preguntas bordan sobre lo
que habría que entenderse por Estado de Derecho, por justicia jurídica. En ese mismo
sentido, qué significa la regla de oro del Derecho, de todo Derecho, nacional e
internacional,
Si
los pactos han de ser cumplidos, ¿qué pasa en la cuna del general Elías Calles para quien México había dejado
de ser una nación de temperamentos a fin de convertirse en un país de Leyes? ¿Qué
ocurre en un Estado miembro de la Federación, en tiempos en que emerge un nuevo
federalismo en donde la justicia pronta y expedita se impartirá para todos, sin
distingos de clase económica y sin importar el origen étnico o racial del
demandante?
A CONAGUA
y SEMARNAT les toca ahora actuar con premura, sin dilaciones tendenciosas, a
fin de que la consulta a los productores del Valle y de la Tribu, y el dictamen
sobre el Impacto Ambiental, sean pruebas contundentes. Y para que se emita la última
palabra en este controvertido asunto que
estremece los cimientos de la convivencia política, social y cultural de
aquel Estado norteño.
Han
pasado, así parece, las horas de jugar al gato y al ratón de principios de este
siglo. Ha quedado atrás el intento de hacer de las inversiones públicas un
pretexto para fraguar “comaladas” de nuevos ricos a costas de la pobreza y
miseria de la población.
Los
casos de contubernio y corrupción en el sexenio del Presidente lúdico y de su incómoda
familia son ejemplo de que la barredora está dispuesta a llevar a cabo la
limpieza nacional que México necesita para no morir asfixiados en el mar de la contaminación letal. La barredora hará su trabajo sin
importar funestas jerarquías ni falsas dignidades.
