La firma del convenio protagonizado por
la Tribu Yaqui coincide con el Decreto Presidencial que da al país, finalmente,
un Código Único de Procedimientos Penales. El Presidente Enrique Peña Nieto asegura que,
a partir de hoy, México es una Nación en donde se administra justicia en forma
ejemplar: de manera pronta y expedita.
Los pueblos yaquis, destinatarios
directos de acciones arbitrarias y de rapiña, violatorias de sus garantías y derechos, ahora
le dan credibilidad y un voto unánime de confianza al Ejecutivo federal que, de
acuerdo con sus iniciativas y acciones en pro de la seguridad, cumple sus
compromisos y avala con hechos sus palabras.
Convertido el enunciado en bandera de combate y símbolo de un estilo
renovado de mandar, lo anterior llega a oídos de los Yaquis en horabuena:
coincide con la firma del convenio aludido a fin de levantar el bloqueo
carretero; llevar a cabo una consulta interna, técnica desde el punto jurídica
y desde la perspectiva de la ciencia basada en información comprobable y
objetiva, para asumir después los compromisos que deriven de la resolución
final, en última instancia, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Tribu sufre dolorosa experiencias:
haber sido menospreciada una y otra vez; sobrelleva el estigma de ser
considerada legado oneroso y sus gentes padecen vejámenes y marginación desde
los remotos tiempos de la Reforma en el siglo XIX hasta nuestros días.
La actual disputa que libran no es un
sin sentido, sino la confirmación de la embestida desde el poder con objeto de
propiciar su eventual extinción, tal y como lo expusieron sus representantes
legales ante el máximo organismo internacional, la ONU.
Peor desgracias no hay que la del pobre
que sufre el robo de la choza en la que vive, que se cancelen los veneros del
agua que consume. Y el colmo: que se le declare enemigo indeseable, obstáculo
para el bienestar y el progreso de los
demás.
Bien lo dicen los voceros de la etnia en
lucha contra la injusticia de verse bajo el riesgo de perder bienes y recursos
de su propiedad, y bien que denuncien, por sus nombres, a los hostigadores que
buscan arrebatarles sus predios y avíos con artilugios, engaños, amenazas y
falsas promesas. Así, las tierras heredadas y los recursos como el agua de la
Cuenca del río que lleva el adjetivo que
los identifica: el Río Yaqui es para ellos como para los productores del Sur
del Estado, fuente de vida, manantial de
subsistencia, símbolo de esperanza y del sostén de cada día.
Hoy los líderes de la Tribu hacen la
concesión y la puntual advertencia. Levantarán los retenes y estudiarán, entre
tanto, las propuestas sobre un futuro de bienestar a cambio de permitir a otros
el uso y usufructo del agua, compartiendo el recurso bajo condiciones precisas,
inequívocas e innegociables. Por caso, demandan la construcción, en plazos perentorios,
plantas desaladoras y de tratamiento del vital líquido procedente del mar para
el abasto requerido.
Pero la etnia Yaqui no está abandonada a su suerte, ni
sus medios de existencia están a subasta del mejor postor.
No, no ha estado sola la Tribu desde comienzos
de su histórica confrontación. El Movimiento Ciudadano los avala. Y al frente
ha estado, está, y sin duda estará, el alcalde de Cajeme, con todo el peso de
su autoridad oficial y moral, el Munícipe Rogelio Díaz Brown, adalid de un
municipalismo beligerante y justiciero sobre el que se construye el nuevo
federalismo liderado por el Presidente de la República. La Reforma del Estado
en marcha lo asegura, Asimismo, los productores del Valle, secundan y respaldan
la pundonorosa batalla.
La tregua iniciada por parte de la Tribu
es, sin duda, la última llamada para oídos sordos que no escuchan y ojos
indiferentes que no quieren ver.
