En
los últimos años, Chihuahua ha enfrenado con denuedo al embate del crimen
organizado: atentado magnicida de principios de siglo, prácticas de
extorsión, crímenes de mujeres; en fin,
asesinatos masivos de personas en centros de diversión y universidades.
Hoy,
el gobierno del Estado anuncia buenos resultados en la guerra contra el
secuestro, la suplantación de identidades y la letal disolución de la vida
familiar. Tan sólo se registra un solo secuestro en lo que va del año.
No
da tregua la actual administración en los frentes mencionados; menos
claudicación. La entidad que gobierna César Duarte ocupa liderazgos como el
conocido por la instauración de juicios orales, modelo innovador seguido por
otras administraciones públicas, la de
Morelos entre otras. Es precursora de reformas propuestas por el
Ejecutivo federal en materia de seguridad pública, incorporadas ya en la
iniciativa del Código Federal Único
El
mandatario manifiesta que la lucha proseguirá hasta que los cárteles de la criminalidad sean barridos uno por uno.
Mientras tanto, cumple la letra y el espíritu de la ley punitiva y lleva a los
hechos acuerdos concertados en el reciente cónclave de la Conferencia Nacional
de Gobernadores (CONAGO) efectuado en Puebla.
Ahí
se resolvió implantar la figura denominada “reclusión especial” Y en menos de un mes, Chihuahua declara misión
cumplida. El susodicho resolutivo se destina a contener a los secuestradores,
grupo de malhechores que, detrás de las rejas, continuaban su nefanda actividad
a través de redes “invisibles”.
Primeramente,
se confinó a los secuestradores en un solo penal como parte de la estrategia, a
fin de ejercer permanente vigilia a quienes han sido sentenciados por su
ilícita actividad, En seguida, se procedió a instalar el sistema “corta-señales”
o inhibidores de señal que inhabilita, precisa Duarte Jáquez, “el uso de bandas
anchas, internet o cualquier otro tipo de telecomunicaciones”.
En
Chihuahua, afirma enfáticamente el Gobernador: “No soportamos a la delincuencia
organizada ni siquiera en los Cerezos. Hasta aquí tienen orden”.
Doble
candado se pone, de este modo, a los delincuentes. Confinados en reclusorios
especiales, vigilados noche y día, por celadores y custodios incorruptibles,
sin contar ya con el auxilio de las nuevas técnicas de intercomunicación, los
secuestradores (en breve los extorsionadores), son reos de peligrosidad cero, criminales visibles
bajo la mirada fulminante de los vigías, rodeados en soledad por la
incomunicación.
Así,
puede ufanarse el gobernador Duarte al decir: “Chihuahua es la primera entidad
del país que claramente cumple con el régimen de internamiento diferenciado de
la sanción impuesta a los secuestradores”, acordada en la anterior reunión de
CONAGO. Y anuncia: seguirá el turno para los extorsionadores.
Renato
Sales, coordinador de la Estrategia Nacional Antisecuestro, respalda el
liderazgo chihuahuense.
Se
le aplaude merecidamente cuando expresa “Hoy podemos patentar la seguridad como
el valor colectivo más importante de la
sociedad, porque sin paz y tranquilidad no hay actividad que florezca, incluida
la económica”.
Ahora
bien, una administración que procede con expedición y prontitud frente a la
criminalidad, que se organiza y actúa con apego a la constitucionalidad,
adquiere por esa razón la jerarquía de modelo a seguir, espejo en el que se valida
el Estado de Derecho en virtud de su eficiencia y eficacia.
En
lugar de dar tregua a los criminales, hace lo que las leyes le mandan. Es
cumplidora de acuerdos y convenios. Da libertad de actuación a los buenos
funcionarios y elimina a los indolentes. Pone frenos a la impunidad y en jaque
a los salteadores y facinerosos: secuestradores y extorsionadores; feminicidas
y salteadores en despoblado. Todo ello, poniendo por delante las leyes. Sin
incurrir en arbitrariedades y autoritarismos.
