Lo que no ha logrado hacer el
Poder Judicial a fin de poner término a la ilegalidad propiciada por el
gobernador Guillermo Padrés Elías en lo que se refiere al Acueducto
Independencia, ¿podría conseguirlo la movilización ciudadana la cual encendió
ya la chispa de la indignación entre productores, indígenas yaquis,
representantes de sectores y organizaciones civiles?
La protesta cívica convirtió
la vía pública en amplio foro para emitir el ultimátum con el que se advierte y
apercibe al titular del Ejecutivo para dar por concluida la ola de ilicitudes
en que ha incurrido, con daños y perjuicios, a los habitantes del Sur de la Entidad.
¿Bajará de su sitial el “Rey
Sol” o prefiere ser colocado a las resultas de la “justicia” popular, la cual
dista de ser justicia por más que se pretenda justificarla por encima de las
leyes y sus procedimientos? ¿Se persuadirá, con la ayuda de sus patrocinadores,
de que es imposible saltar por encima de la propia sombra?
¿Escogerá el poderoso dejarse
llevar por el mutismo y la indiferencia a sus gobernados, y escogerá, en todo
caso, la pena que impone el desdén popular?
¿Es posible, que un
Mandatario haga caso omiso, o bien olvide que su investidura implica magnificencia y señorío, mismos que
le delegan los ciudadanos, y que a ellos incumbe, en caso extremo, demandar y
exigir se haga valer su vigencia y
validez?
Diputados federales, locales,
munícipes y ex alcaldes, para quienes la ilegalidad no se compagina con el
prurito de imparcialidad, y menos justifica la complicidad, lideraron a los más
de treinta mil ciudadanos para quienes se ha llegado al límite de la ilicitud, al
extremo de la ingobernabilidad y al derrumbe del Estado de Derecho por manos,
paradójicamente, del Ejecutivo responsable de cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus
leyes secundarias.
Con voz firme, vigorosa y por
tanto audible, el alcalde de Cajeme, Rogelio Díaz Brown, hizo recordar que el
mandato político consiste en escuchar y proceder, siguiendo el latido del
corazón de los ciudadanos; sin perder de vista el polo Norte de la legalidad. Dijo que hará lo que le
exijan los cajemenses en los términos de la ley. Refrendó, como si estuviese
aún en campaña por la
Alcaldía , su compromiso moral y sus obligaciones
consuetudinarias. Refrendó, con sus palabras, lo expresado días antes por
Faustino Félix Chávez y Ernesto Gándara Camou, diputado federal y senador,
respectivamente.
No hay callejones sin salida.
Pero aquí cabe recordar la admonición de Juan Jacobo Rousseau en su ensayo
Sobre el origen de las Lenguas acerca de que las asociaciones de hombres,
escribió, son en su mayor parte obra de accidentes de la naturaleza: así, los
diluvios, los mares extravasados, las erupciones de los volcanes, los grandes
temblores de tierra, los incendios prendidos por el relámpago que destruían
bosques enteros, todo esto debió espantar y dispersar a los habitantes de una región
y reunirlos enseguida para reparar en común las pérdidas.
Hoy, estamos viendo, el
abasto del líquido vital divide a los pobladores del norte y el sur de Sonora.
Los habitantes del Yaqui y del Mayo, respaldados por gobiernos previsores
hicieron posible la victoria sobre el semidesierto y promovieron gran bonanza entre
sus productores, ubicándolos a la vanguardia, en los años cincuenta en
adelante, como granero de la nación.
¿Es posible, aún, que a partir de la restauración del
Estado de Derecho, el acato a la legalidad, se haga el “milagro” de restituirles
su esplendor y prodigalidad a los valles del Yaqui y del Mayo, otrora feraces y modelos
de productividad, así como sustento y progreso seguro, en paz y armonía? ¿Será
factible la justicia de dar a cada quién lo suyo, definiendo lo suyo de cada
quién conforme a Derecho?
