Al grito de “el Estado soy
yo” propalado por Guillermo Padrés Elías, en la Entidad norteña agoniza la
coordinación de poderes. Sucumbe, sin visos de redención, el Estado democrático
de Derecho entendido como realización del principio de la constitucionalidad de
la legislación y de la legalidad de su ejecución.
Ha caído de manos del
Ejecutivo la función de ejercer el mando para dar estricto cumplimiento y acato
a la Ley. Invade ,
con lujo de impunidad, las atribuciones del Legislativo impidiéndole ejercer su
función de crear leyes promotoras de bienestar, confianza y seguridad.
Finalmente erosiona, sin que nadie se lo impida, el desempeño del Poder
Judicial, haciendo caso omiso de sus fallos y decisiones e implicando desacato a la más reciente resolución
de la Suprema Corte ,
configurativo todo ello de la petición de Juicio Político en su contra.
En medio de la mayor crisis
política en el Estado, las preguntas que agobian las mentes y los corazones de los
sonorenses de bien, siguen siendo: quién o quiénes sostienen, solapan y
protegen al Gobernador, al grado de ser capaz de incumplir paladinamente el
Mandato delegado por los ciudadanos; hasta qué punto el síndrome de la anarquía
oficial de los cuatro últimos sexenios, de Salinas a Calderón, alienta en su
favor. Y si hay o no lazos ocultos manejados por algún Fouché que lo cobija,
por motivos de complicidad y contubernio, para mantenerlo a flote.
Mientras tanto, el aparato
electoral se ha puesto en marcha. Los partidos se aprestan con el fin de participar en la elección
extraordinaria por el Distrito XVII local, con cabecera en Ciudad Obregón. El
PRI, enlutado por el crimen del extinto Eduardo García Luque, del aludido
Distrito electoral, postula como su representante en los comicios de julio a Rossana
Coboj García, viuda de Castro Luque; el PAN, a Fructuoso Méndez; y el PRD a
Irene Manzo, aspirantes a cubrir el vacío abierto tras el artero, proditorio, asesinato. El objetivo inmediato es “lograr
un equilibrio en el Congreso local”, con palabras del dirigente estatal del
PRI, Alfonso Elías Serrano. Y los priístas esperan, impacientes, la visita de
su líder nacional, César Camacho.
La campaña toma vuelo rodeada
de tormenta, precedida desde los primeros instantes por una dolosa campaña
publicitaria para causar descrédito al PRI, a su aspirante en la persona de Coboj García,
encendiendo el encono de los votantes por medio de acusaciones extemporáneas
relativas a lo ocurrido, para desgracia de decenas de familias, en la llamada
Guardería del horror. En el fondo, es argumento “ad hominem”. No más.
Respetar el luto de la viuda
de Castro Luque es lo primero que habría que se debe exigir en los inicios, el
desarrollo y la culminación de esta elección extraordinaria, la cual empata con
los comicios intermedios de próxima realización. Salvaguardar el honor y la
dignidad de quien fue la principal doliente, con su familia entera, del agravio
de los cobardes que no se detienen en nada, incluyendo el asesinato, para anular
y contener a sus adversarios políticos. Garantizar, en suma, a los votantes su
derecho a elegir libre y responsablemente, sin la injerencia de voluntades
criminales y sin intromisiones de quienes tratan de retener el poder con
arbitrariedad y autoritarismo impulsados por la corrupción y la complicidad.
Es posible, y en esa
expectativa coinciden sin duda los ciudadanos, no los políticos profesionales, en
que la elección extraordinaria, la del próximo 7 de julio, sea precisamente eso,
unos comicios extraordinarios por los alcances cívicos a que haya lugar como
resultado de la capacidad y el compromiso de sus organizadores, promotores y publicistas,
participantes autorizados en los órganos electorales. Y como efecto , la
legalidad y constitucionalidad a toda prueba.