Bienvenido lector:

Federico Osorio Altúzar ha sido profesor de Filosofía en la UNAM y en la ENP (1964-1996) y Editor de la Gaceta de la ENP desde 2004.
Durante 15 años fue editorialista y articulista en el periódico NOVEDADES.
Es maestro en Filosofía. Tiene cursos de Inglés, Francés, Griego y Alemán.
Ha publicado en Novedades, el Heraldo de Chihuahua, El Sol de Cuervanaca, el Sol de Cuautla, Tribuna de Tlalpan, Tribuna del Yaqui, Despertar de Oaxaca y actualmente colabora en la versión en Línea de la Organización Editorial Mexicana (OEM).







viernes, 24 de mayo de 2013

EN SONORA, ELECCIÓN EXTRAORDINARIA Y CRISIS DE PODER




Al grito de “el Estado soy yo” propalado por Guillermo Padrés Elías, en la Entidad norteña agoniza la coordinación de poderes. Sucumbe, sin visos de redención, el Estado democrático de Derecho entendido como realización del principio de la constitucionalidad de la legislación y de la legalidad de su ejecución.
Ha caído de manos del Ejecutivo la función de ejercer el mando para dar estricto cumplimiento y acato a la Ley. Invade, con lujo de impunidad, las atribuciones del Legislativo impidiéndole ejercer su función de crear leyes promotoras de bienestar, confianza y seguridad. Finalmente erosiona, sin que nadie se lo impida, el desempeño del Poder Judicial, haciendo caso omiso de sus fallos y decisiones e  implicando desacato a la más reciente resolución de la Suprema Corte, configurativo todo ello de la petición de Juicio Político en su contra.
En medio de la mayor crisis política en el Estado, las preguntas que agobian las mentes y los corazones de los sonorenses de bien, siguen siendo: quién o quiénes sostienen, solapan y protegen al Gobernador, al grado de ser capaz de incumplir paladinamente el Mandato delegado por los ciudadanos; hasta qué punto el síndrome de la anarquía oficial de los cuatro últimos sexenios, de Salinas a Calderón, alienta en su favor. Y si hay o no lazos ocultos manejados por algún Fouché que lo cobija, por motivos de complicidad y contubernio, para mantenerlo a flote.
Mientras tanto, el aparato electoral se ha puesto en marcha. Los partidos se aprestan  con el fin de participar en la elección extraordinaria por el Distrito XVII local, con cabecera en Ciudad Obregón. El PRI, enlutado por el crimen del extinto Eduardo García Luque, del aludido Distrito electoral, postula como su representante en los comicios de julio a Rossana Coboj García, viuda de Castro Luque; el PAN, a Fructuoso Méndez; y el PRD a Irene Manzo, aspirantes a cubrir el vacío abierto tras el artero, proditorio,  asesinato. El objetivo inmediato es “lograr un equilibrio en el Congreso local”, con palabras del dirigente estatal del PRI, Alfonso Elías Serrano. Y los priístas esperan, impacientes, la visita de su líder nacional, César Camacho.
La campaña toma vuelo rodeada de tormenta, precedida desde los primeros instantes por una dolosa campaña publicitaria para causar descrédito al PRI, a su  aspirante en la persona de Coboj García, encendiendo el encono de los votantes por medio de acusaciones extemporáneas relativas a lo ocurrido, para desgracia de decenas de familias, en la llamada Guardería del horror. En el fondo, es argumento “ad hominem”. No más. 
Respetar el luto de la viuda de Castro Luque es lo primero que habría que se debe exigir en los inicios, el desarrollo y la culminación de esta elección extraordinaria, la cual empata con los comicios intermedios de próxima realización. Salvaguardar el honor y la dignidad de quien fue la principal doliente, con su familia entera, del agravio de los cobardes que no se detienen en nada, incluyendo el asesinato, para anular y contener a sus adversarios políticos. Garantizar, en suma, a los votantes su derecho a elegir libre y responsablemente, sin la injerencia de voluntades criminales y sin intromisiones de quienes tratan de retener el poder con arbitrariedad y autoritarismo impulsados por la corrupción y la complicidad.
Es posible, y en esa expectativa coinciden sin duda los ciudadanos, no los políticos profesionales, en que la elección extraordinaria, la del próximo 7 de julio, sea precisamente eso, unos comicios extraordinarios por los alcances cívicos a que haya lugar como resultado de la capacidad y el compromiso de sus organizadores, promotores y publicistas, participantes autorizados en los órganos electorales. Y como efecto , la legalidad y constitucionalidad a toda prueba.