Por Federico Osorio Altúzar
Ocupa el Derecho a la Información un lugar privilegiado entre las garantías de la libertad. Se invoca a título de exigencia con el fin de conocer lo que hacen los titulares de los poderes públicos, y para saber acerca de si lo hacen con apego a la legalidad o no.
El pasado 30 del mes anterior rindió su informe de actividades, el líder del Senado, el sonorense Manlio Fabio Beltrones. Dos días después, el jefe del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, cumplió su obligación ante el Congreso de la Unión. Ambos informes trazan el perfil de un México por construir, con rumbo cierto en el primero de ellos. En el segundo, queda la impresión de tratarse de un mundo casi feliz, aunque sin llegar a edénico.
Podría decirse que se trata de dos concepciones, de dos perfiles de nación. Para algunos dichos trazos son como las dos caras de una misma moneda: anverso y reverso. A los ciudadanos, después de todo, tocará decir la última palabra en lo que se refiere al crédito o validez que le merezca uno u otro modelo social y político, habida cuenta que el primero tiende hacia un gobierno impulsado desde la base ciudadana y el segundo tiende hacia la estratificación regida desde los partidos.
Mientras tanto, mandatarios estatales y municipales preparan igualmente los informes que en pocas semanas expondrán en los congresos locales y ante los órganos competentes de cada jurisdicción. Por la situación en que habrán de producirse concentran el interés más allá de sus demarcaciones aquellos Estados en donde los índices de pobreza, desempleo, insalubridad y escasa oferta educativa registran alzas ostensibles.
Así, hay razonable interés a fin de conocer el informe del Ejecutivo chihuahuense, justamente donde hace una década reinaba la seguridad pública al grado que su capital, la ciudad de Chihuahua, era calificada en forma unívoca como emporio de confiabilidad, de limpieza urbana y con un clima social envidiable para vivir y gozar del fruto del trabajo personal y familiar. En condiciones óptimas de paz y tranquilidad.
Ahí, hace un año, al tomar posesión César Duarte Jáquez las riendas de gobierno, sin dejar de admitir el clima de violencia y la impunidad imperantes, no obstante se comprometió a rendir cuentas claras, en sí y por sí elocuentes, aseveró, tendentes a una reconversión en favor del orden legal a través de reformas orientadas a combatir la criminalidad, sin dar tregua y mucho menos amnistía, por medio de normas drásticas e inviolables.
En esa tesitura, el mandatario chihuahuense procede precisamente ahora, en tiempo y forma, desde el punto de vista administrativo y político, con la diligencia, sabiduría y la responsabilidad pertinentes, a fin de dar validez a su compromiso y certeza a sus ofrecimientos entendidos a la luz de un pacto con la sociedad. Pide a sus colaboradores inmediatos que le alleguen la información sobre sus respectivas áreas de actividad, con arreglo al principio de hacer valer la objetividad, la transparencia y credibilidad requeridas en orden a que prevalezca la política de la verdad por encima de la verdad de la política.
Por ello, sin duda, pide al nuevo titular de Comunicación Social, a Juan Ramón Flores, “un chihuahuense dinámico y entusiasta”, dice, que impulse una comunicación fluida, bajo el primado de la libertad de expresión, y con el objetivo de que informadores y opinadotes contribuyan, de la mejor manera, a que culmine la obra pública en marcha. Y, en ese propósito, dar voz expedita, sin obstrucción alguna, a las expresiones de la sociedad, con todo y sus apremios y urgencias, para que de ese modo lleguen de forma espontánea y sin tergiversaciones hasta el oído de sus funcionarios y autoridades.
