Por Federico Osorio Altúzar
La construcción del acueducto que iría del sur de Sonora a la capital del Estado con el fin de llevar agua a cerca de un millón de hermosillenses, ha colocado a grupos indígenas de la tribu Yaqui y a representes de ejidatarios y agricultores de la región al bordo de la violencia física. En su contra, por supuesto.
La semana anterior, los inconformes fueron desalojados del tramo invadido de la carretera federal con intervención de la fuerza policial. El saldo es de manifestantes lesionados: desaparecidos unos, retenidos otros y obligados los demás a pagar multa por desacato a la autoridad.
El argumento de Padrés Elías, ha trascendido, es en el sentido de que el acueducto responde a una necesidad imperiosa de carácter social: resolver el apremio de los hermosillenses que carecen del vital insumo. A su vez, los inconformes refrendan lo que han argumentado desde el inicio del conflicto; es decir, que el acueducto de referencia no era, no es, la única opción por parte del gobierno. Con razón es el “acuaducto de la discordia”.
El gobernador Padrés ha sido requerido judicialmente con el fin de que suspenda provisionalmente la construcción de la obra a lo que se ha negado de manera sistemtica, empecinándose en llevarla a su ilegal culminación. De ahí la protesta liderada por miembros de la etnia yaqui, y de ahí las movilizaciones en puerta en contra de lo que la opinión pública en Sonora y en el país se considera una acción autoritaria, lesiva al Estado de Derecho, por parte del mandatario panista.
La dirigencia del PRI anuncia la posibilidad de llevar a juicio político al jefe del Ejecutivo estatal. No sería nada remoto. Los sonorenses no olvidan que fue uno de sus coterráneos, Plutarco Elías Calles, quien al asumir la Presidencia de la República enunció el lema de que México dejaba de ser una nación de temperamentos para erigirse en un país de leyes. Y un país de leyes es, en definitiva, una nación en la que la coordinación de poderes significa interdependencia y cooperación entre los titulares que los representan. No supremacía; tampoco subordinación.
Descobijar a unos para cobijar a otros, nunca ha sido decisión sabia o salomónica. Jamás ha sido un acto de equidad y de justicia jurídica el dar aquello que es pertenencia de otro, sin su consentimiento, así se trate de una autoridad por más encumbrada que esta sea. Proponiéndoselo o no, Padrés Elías quiere tal vez que se le recuerde como el Robin Hood de Sonora. O bien, el Chucho Roto de la leyenda revolucionaria.
Pero al revés, pues contra la voluntad de usuarios indígenas, marginados y víctimas de vejaciones, Guillermo Padrés se propone dar el recurso acuífero a quienes seguramente podrían afrontar con un alto grado de eficacia el apremio con medios a su alcance. Claro, en el caso de que el mandatario procediera con la visión de un gobernante que previene y planifica, evalúa costos materiales y sociales, procede con arreglo a la política democrática de la persuasión y la negociación, apegándose en todo a la legalidad establecida.
Dar a cada quien lo suyo, conforme a Derecho, es principio supremo, incondicional, imperativo, en un Estado democrático de Derecho. Hacerlo, a espaldas de la ley es, simple y llanamente, acto autoritario, anticonstitucional y motivo de consecuencias jurídicas fijadas en la ley de leyes, la Constitución.
Padrés Elías, por lo visto, ignora a sabiendas que la paz social por medio del Derecho es preferible a la violencia organizada o al imperio de la fuerza por encima de las leyes. Olvida, tal vez, que la negociación, la discusión y el acuerdo se inscriben como capítulo principal en el arte de gobernar con arreglo a la esencia y los valores de la democracia.
