Primero en la UNAM y ahora en
la UAM, la delincuencia hace de las suyas, siguiendo al efecto tácticas de
viejo cuño bajo el patrocinio de intereses adversos y diversos a los académicos propios de las instituciones
públicas de enseñanza superior.
Protegidos por la impunidad,
los provocadores de oficio invaden espacios administrativos y escolares,
irrumpen en los campos universitarios, “violan” derechos académicos
establecidos en la norma constitucional y tratan de colocar en el banquillo de
los acusados a los líderes natos de las susodichas casas de estudios. Al parecer,ninguna
autoridad quiere pagar el precio político en cuestión.
Luis Raúl González Pérez,
abogado de la Universidad Nacional, reitera la denuncia penal formulada ante la
PGR y cumple de oficio el enterar a los salteadores que la Casa de Estudios
refrenda la acusación y da cuenta de las sanciones que el Tribunal
Universitario les imputa, incluyendo la expulsión definitiva.
Poco antes, el rector José
Narro, con su habitual estilo de llamar a la cordura, esta vez a quienes han
agredido a la Universidad, expresaba su convicción de que es el diálogo la
manera de atender las diferencias. Textualmente manifestó a los medios de
comunicación: “Frente a la sinrazón, la imposición y la violencia, las
respuestas deben ser dadas a partir de la inteligencia, el apego a la legalidad
y la prudencia”.
En páginas impresas y
medios electrónicos, el mensaje-convocatoria del rector Narro se
destacaron sus palabras enmarcadas en el enunciado que, por cierto, resuena en
los oídos: “Defenderé a la UNAM con inteligencia, legalidad y prudencia”.
La inquietud, convertida en
enigma que desconcierta al paso de los días y las horas, es en el sentido de si
el gobierno de la República y la jefatura de Gobierno (DF) están dispuestos, como es su obligación constitucional,
hacer aquello que no se ha hecho por omisión, inepcia, complicidad y
parsimonia, en vez de echar sobre la instancia universitaria todo el peso de la
responsabilidad. A su vez, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) fue
víctima, por unas horas, de atropellos a su comunidad por embozados cuya
misión, a juzgar por los hechos, consiste en dislocar la paz y el orden
académicos en sus recintos administrativos.
El rector de la
UAM-Iztapalapa, doctor Javier Velázquez Moctezuma, llamó a los estudiantes de
la mencionada Casa de Estudios a evitar la provocación por parte de los
invasores que, no satisfechos con poner en jaque a la UNAM, trataban de
extender sus nefastas acciones punibles a la hasta ahora apacible institución
universitaria.
Apenas si habría que buscar
cómo atar cabos entre las protestas tumultuarias de los sindicatos opositores a
la reforma educativa (SNTE y CNTE) en proceso, como tampoco sería un quebradero
de cabeza a fin de ubicar a los grupos contestatarios (entre otros “Yo Soy 132)
que, con excesos de impunidad, irrumpieron antes de la pasada elección
presidencial en calles y espacios públicos. Por enésima ocasión, es ineludible,
apremiante, determinar quiénes los mueven, cómo se financian,
y si se trata de un movimiento aparentemente heterogéneo que responde a
propósitos aviesos comunes y con
orígenes idénticos, a pesar de la diversidad aparente de sus consignas y
banderías.
No deja de ser una ventaja el
hecho de que las agresiones contra las universidades públicas en el país
ocurran al principiar el sexenio. Los poderes del Estado mexicano, así, podrán
tomar las prevenciones aconsejables, actuar con atingencia y rapidez ante las
acciones delincuenciales registradas y conducir la educación popular, laica y
libre de atadura ideológicas de toda suerte, hacia puerto seguro. Hay una
reforma constitucional en la materia. Ésta, ahora o nunca, debe ser convalidada
a fin de mostrar ante todos su eficacia y viabilidad.
