Por Federico Osorio Altúzar
A pesar del respiro temporal tocante a la iniciativa de ley sobre Seguridad Nacional, la amenaza del autoritarismo represivo está la orden del día. Los demonios del totalitarismo en nuestro conturbado país, siguen sueltos. Nada ni nadie da la impresión de poder contenerlos. Y todo indica que hará falta una gran dosis de madurez parlamentaria, de visión democrática en el Congreso federal, además de persuasión y convencimiento entre la población, a fin de impedir que la impunidad y la anarquía suplante a la imputación legal.
Sus promotores son los mismos, aunque con disfraz distinto.
En 1968, se dieron cita para ejecutar y perseguir adversarios del régimen diazordacista. Aparecieron tres años después para ejercitar tardía revancha criminal y han hecho causa común en subsiguientes administraciones políticas hasta alcanzar el clímax durante la década finisecular cuando los crímenes políticos estuvieron a la orden del gobierno en turno. No sólo Colosio y Ruiz Massieu fueron sus únicas, solitarias, víctimas.
A 70 años de la iniciativa del presidente Manuel Ávila Camacho para adicionar el artículo 145 del Código Penal con el propósito de acosar, confinar y reprimir adversarios a su mandato, el delito de disolución social ha vuelto a sacar su rostro sediento de venganzas. Se ampara, tras la promesa de dar seguridad pública, con el ofrecimiento de restituir la credibilidad en el Estado democrático de Derecho.
En el ánimo de la iniciativa del presidente Calderón palpita aquella propensión totalitaria de obtener por derecho lo que ahora, por medio de la arbitrariedad y la fuerza, ufanamente despliega el Ejecutivo ante la imposibilidad de que la norma jurídica, vía el control constitucional, logre contener sus propensiones voluntaristas.
Un régimen de leyes es, ciertamente, un régimen ciudadano, popular, por tanto, en el cual las instituciones están pertrechadas de velas, pero también, sobre todo, de anclas, como factor constitutivo del sistema de control institucional, político y social. Un régimen de leyes, no voluntarista, ejerce la discrecionalidad en la práctica cotidiana, un recurso que da fortaleza a la legalidad de la administración y no lo convierte en subterfugio para imponer decisiones unilaterales por encima de las garantías de libertad, de información, de autodeterminación ideológica y política.
Bien que haya un respiro sobre la amenaza totalitaria, la cual se mantiene a pesar de todo como amenaza real y latente. Bien que se acuda a una vía de desahogo ciudadano mediante consulta pública y objetivamente validada. Pero el respiro, en forma de alivio transitorio, no es tregua como la reacción pretende, con el perverso objetivo de rearmarse, reafirmarse como estrategia tutelar, para efectuar su enésima embestida.
El susodicho respiro es paréntesis utilizable y valiosa oportunidad para que líderes progresistas, si los hay en el seno del Legislativo, promuevan un amplio y motivador debate de las ideas en el ámbito nacional sobre el tema de mayor trascendencia política y social, el tema del control constitucional, con el propósito de que el Ejecutivo sea inhibido de incurrir en la tentación totalitaria de erigirse en representante de un poder absoluto, con facultades omnímodas, sobrehumanas. Y, más aún, a fin de hacer las denuncias a que haya lugar, para colocar, a las resultas de la legislación positiva, a nefastos y abusivos funcionarios en el poder, sin importar partidismos y jerarquías, a fin de que se tome nota de los asomos autoritarios que predominan y tratan de enseñorear en la vida pública de México. A fin de evitar las desviaciones, sin derramamiento de lágrimas y de sangre, como impredecible consecuencia. Por desgracia, la tentación totalitaria hace del Medio Oriente un vasto escenario en llamas que no da visos de acabar.
