En
carta al Presidente Enrique Peña Nieto, publicada en un diario de la capital
del país el jueves anterior, dirigentes del Movimiento Ciudadano por el
Agua encabezados por Adalberto Rosas denuncian
las irregularidades cometidas por dependencias federales a causa de la
operación forzada del Acueducto Independencia, con efectos que gravitan sobre
la economía agrícola en el Valle del Yaqui.
Amparo
tras amparo, reclamo tras reclamo, petición seguida de petición, el caso es que
una y otra vez se ha pospuesto la respuesta definitiva a los ilícitos de que se
rodea con la conocida carga de impunidad.
Entre
éstas, no se olvida el clima de acoso a dirigentes de la Tribu Yaqui, los
intentos divisionistas con finalidades perversas en la sociedad sonorense,
enfrentando mediáticamente al Norte con el Sur de la Entidad.
La
misiva es lacónica, va al meollo del asunto. Deja a un lado los adjetivos
innecesarios. Los cinco párrafos que la integran son ejemplo de objetividad.
Así,
por ejemplo, mencionan la visita del Presidente de la República a Sonora efectuada
en noviembre pasado y la entrega del amparo relacionado con el trasvase de agua
en el que se ordenaba a CONAGUA suspender la operación del Acueducto como
medida cautelar. Asimismo, se recuerda la orden presidencial a fin de que la
Consejería Jurídica de la Presidencia atendiese a los demandantes, así como lo
infructuoso de la reunión celebrada con aquel propósito. SEMARNAT, PROFEPA,
PGR, lo mismo que CONAGUA, cerraron oídos a los quejosos y se pusieron vendas
en los ojos para no escuchar ni ver el cúmulo de irregularidades sumadas al
torrente incesante de los ilícitos.
No
se deja de lado en el desplegado un debido reconocimiento a la “nueva política
hídrica” que implementa la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, basada en el
proyecto a corto plazo de la planta desaladora que surtirá el recurso a los
municipios de Guaymas, Empalme y Hermosillo.
Reconciliación
y unidad entre los sonorenses transpira la carta al Presidente Enrique Peña
Nieto. Reinstauración progresiva y plena
del Estado de Derecho es uno de los principales objetivos del documento
circulado con la finalidad de hacer conciencia ciudadana. Está impregnado, en
estos momentos, de particular interés para la convivencia ciudadana, en paz y
armonía. Es un buen ejemplo a seguir.
La paz social
por medio del Derecho es propósito final, objetivo ineludible.
Hoy
como nunca, hechos que encubren ilegalidades y solapan conductas de corrupción,
ameritan ser colocados ante la luz meridiana de la normatividad jurídica.
Hoy
como nunca frente a la comisión reiterada de acciones que concitan a la
violencia y a la impunidad piden que sus autores sean llevados a la silla de
los acusados a fin de que paguen aquello a que se hacen merecedores.
Más que un asunto electorero, una peripecia de
carácter mediático, publicitario, hechos deplorables como el que se denuncia en
la carta al Presidente. Si es A debe ser B.
Se
trata de un tema que atañe a la convivencia de todos los mexicanos. Tiene que
ver con la suerte, a corto y mediano plazos, de nuestra aún balbuceante
democracia.
Está
en juego la vigencia del Estado de Derecho, la respetabilidad y la obediencia a
las leyes. Asimismo, está a prueba de nueva cuenta el federalismo político y
jurídico. Es decir, la constitucionalidad en tanto esencia de nuestro régimen positivo.
