En
los límites de la organización democrática, el derecho a la rebelión y la
denominada resistencia civil adquieren el sentido de principio el primero y de
ejecución el segundo. Representan mucho más que emblemas ideológicos o formas
para amedrentar a dictadores y tiranos, a déspotas y/aprendices en el arte de
mandar.
Derecho
ciudadano lo considera John Locke y como tal lo lleva a la experiencia en
Norteamérica, Thomas Hamilton. H. J. Laski lo enriquece, elevándolo a defensa o
con carácter de autodefensa de las mayorías; no sólo con exclusividad para las
minorías. Al margen de que éstas se vuelvan, en un momento dado, minorías, lo
cierto es que la rebelión así propuesta y las movilizaciones de resistencia,
son armas defensivas frente a la violencia de los émulos, meros imitadores, del
Rey Sol.
Para
Adalberto Rosas López, ex Presidente Municipal de Cajeme, en el sur de Sonora, los
brotes de resistencia civil se justifican por lo siguiente: el llamado
Acueducto Independencia, en el Valle del Yaqui, es producto de una acción o
serie de acciones impremeditadas que dan pábulo a la inconformidad; es decir, el
Acueducto surgió sin proyecto previo, en todo caso hecho a a imagen y semejanza
del voluntarismo corruptor. Su parto, doloroso aún, fue sin importar perjuicios
y daños posibles en el bienestar y la seguridad social.
Creció
sin certificado alguno, sin documentación oficial: paria que oculta su
identidad, en el orfanato del olvido, jamás consensuado y portador de un gafete
con sello político y por tanto provisional.
El
líder del movimiento ciudadano pro defensa de los derechos legítimos del agua
argumenta, con base en principios lógicos, que después de cinco años de
arbitrariedad, abusos y complicidades, llega el momento de restablecer, de una
vez por todas, el derruido Estado de Derecho, dejando a un lado la artimaña del
avestruz, táctica dilatoria de tergiversarlo todo con “acuerdos” y “convenios” para
ocultar el fraude a ojos de la población y encubrir así el desacato a las
resoluciones de la SCJN.
Ningún
pretexto hay, afirma, después del fallo reciente formulado por el supremo
tribunal de justicia y tras la orden del Juez Octavo de Distrito, a fin de
continuar la farsa que hace de la justicia diferida un recurso para incumplir
los mandatos judiciales. Y no hay subterfugio que valga con el propósito de que
prevalezca la impunidad sobre el principio de la imputación según el cual si es
el delito o el desacato debe aplicarse la consecuencia penal correspondiente,
sin distinción o excusa.
De
gran trascendencia es la apología de Adalberto Rosas. Las razones que da son
precisas y esclarecen, por si hubiese falta, el proceder del movimiento
ciudadano, de los productores agrícolas del sur de la Entidad; en fin, la
posición de la denostada Tribu Yaqui, los apoyos y garantías por parte del
Municipio incluyente, defensor y auriga del bienestar comunitario. Difícil, no
imposible, es el retorno al Estado de Derecho. El triunfo de la legalidad será,
lo es, un triunfo de la democracia.
En
medio de la estorbosa bruma, hay opciones inteligentes y viables en este
callejón sin aparente salida: las plantas desaladoras, la administración
técnica del vital líquido y la vuelta a proyectos como el que hizo despertar en
Sonora grandes esperanzas: el PLHINO (Plan Hidráulico del Noroeste) Por cierto,
los sonorenses tienen un magnífico aliado en el gobernador de Sinaloa, Mario
López Valdez.
CONAGUA
y SEMARNAT están en el ojo de la tempestad. Sin embargo, mucho bien harían al
acatar las resoluciones judiciales, a fin de evitar que estalle el derecho a la
rebelión en Sonora y prospere la resistencia civil, con todo y sus efectos. De
mano ejecutora de la Ley podrían, en caso contrario, ser colocadas en la silla
de los sentenciados para vergüenza nacional.
