De abajo hacia arriba, de los
cimientos a la cúspide, la reforma del Estado tiene como punto de partida la
modernización del municipio. La seguridad pública, por ejemplo, comienza,
debiera p hacerlo por el principio. Sus
inicios se ubican en la aldea y en los poblados, incluyendo los más
remotos y apartados, hasta culminar en la ciudad como sede del organismo social.
Interrogado uno de los
grandes sofistas de Grecia clásica, Gorgias, acerca de la armonía en el buen
gobierno, dio a entender que tenía que ver en primer término antes de ejercerse
en la “polis”, en la ciudad-Estado, con la administración de los asuntos en el
hogar, dando a entender que en términos de sana convivencia, ésta se origina en
el núcleo familiar, base de toda organización política y social.
Asimismo, una ciudad limpia y
justamente gobernable, es garantía de seguridad pública, solía decir en los
inicios de esta década el mandatario norteño Patricio Martínez García, poco
antes de que la ciudad-capital, su ciudad natal, Chihuahua, sede de los poderes
locales, fuese declarada la urbe más segura del Continente. Y también poco
antes de que los cárteles de la droga convirtieran a la entidad en campo para
dirimir sus nefastos intereses.
Viene a la memoria lo
anterior con motivo de la reforma en marcha por parte de los poderes federales
Ejecutivo y Legislativo y a propósito de la reforma hacendaria, a cuyo impulso
se emiten voces cada vez más elocuentes y persuasivas sobre la urgencia de
actualizar la relación entre Municipio, Estados y Federación.
Acerca de este particular, un
notable munícipe entre los que afrontan desigual lucha contra la violencia
organizada y padecen drástica limitación de recursos para hacerle frente
organizadamente y con eficacia, hace valer las atribuciones que le corresponden
en materia presupuestal: formaliza un importante crédito con la banca
empresarial, dispone su inmediata ubicación en áreas de seguridad, en imagen
urbana y servicios públicos, así como en el rubro de inversión en obras
citadinas y disposición de recursos en
el área rural, en delegaciones y comisarías de su jurisdicción bajo condiciones
de marginación.
Nos referimos el alcalde de
Cajeme, Rogelio Díaz Brown, quien en el ejercicio de sus funciones políticas y
administrativas, atrajo los reflectores de la crítica valorativa, tras la
adjudicación del premio al municipalismo. Pero ante todo, a la fecha es objeto
de reconocimiento y aprobación por sus gestiones directivas y desempeño oficial
frente a la ola de irregularidades por la construcción del Acueducto de la
discordia, así bautizado por los sonorenses del sur de la Entidad y por
comentaristas fuera de la demarcación.Igualmente, integérrimo de cara a la
criminalidad desbordada.
Díaz Brown representa, hoy en
día, la figura del munícipe reformador desde dentro, con arreglo a las
facultades que le permite la legislación vigente en su calidad de responsable
del gobierno local. Sin llegar a los extremos de una disidencia y
enfrentamiento al margen de la legalidad,al contrario, con fundamento en las
leyes y es solidario a luz de Estado de Derecho municipal, estatal y federal, a
fin de cumplir y hacer cumplir el orden jurídico que da al municipio Cajeme prestigio y dignidad. Y a la ciudad cabecera, Ciudad
Obregón, primacía entre las urbes modernas en el ámbito nacional e
internacional.
La reforma del Estado irá hacia
nuevos rumbos en la medida en que el federalismo haga vivir y revivir las
palabras de la Ley; en la proporción de que surjan, resurjan y se multipliquen
líderes locales, estatales y nacionales a la medida de las urgencias que
apremian.
Del Norte provino, no habría
que olvidarlo, nuestra Gran Revolución en materia de buenas y previsoras leyes.
