De nueva cuenta el presidente
municipal de Cajeme, Rogelio Díaz Brown, sale a la palestra en defensa de los pobladores de su jurisdicción,
y del sur de Sonora, en plena batalla
contra la ilegalidad, la inepcia y el atropello del gobierno estatal. El munícipe
pone ejemplo y refrenda la tesis en el sentido de que al ilícito debe imputarse
la consecuencia; es decir, que al agente del daño debe llamarse a cuenta con el
fin de resarcir los efectos a que haya lugar y con el propósito de que brille,
con luz propia, la justicia legal. De esa forma, y sólo así, podría haber
continuidad y vigencia del Estado de Derecho.
El “Yo acuso” de Díaz Brown
es el mismo que se escucha haciendo coro en voz de miles de modestos y prósperos productores
agrícolas, víctimas de amenazas que van de la intimidación al confinamiento, de
la precariedad a la miseria, del acoso físico al apremio económico; en suma,de
la escasez a la cruel hambruna.
Todos a una, como en
Fuenteovejuna de Lope de Vega, señalan al inmediato autor y responsable del
conflicto. Todos a una gritan, indicando hacia donde debiera estar el oído
atento y los ojos diligentes para ver por el bienestar de todos, con
sensibilidad y liderazgo, con visión de Estado; dispuesto para atender las
demandas de los ciudadanos con arreglo a Derecho, según ha de suceder en un
Estado de Leyes y no en un territorio en el que imperen consejas y
temperamentos
Todos a una, al igual que en
Fuenteovejuna, los cajemenses liderados por su Alcalde, Rogelio Díaz Brown,
reclaman no sólo que se ejerza el principio de legalidad y constitucionalidad,
en tiempo y forma, sino que se restablezca la normalidad quebrantada
intempestivamente por el Ejecutivo estatal. Exigen en coro que se otorgue lo
suyo a cada quien con arreglo a Derecho; que se hagan valer las resoluciones
judiciales incumplidas por Guillermo Padrés, por hoy principal autor del
régimen de arbitrariedad y anarquía que viven los sonorenses.
En suma, todos a una,
parecidamente en esto a Fuenteovejuna, piden se acelere el proceso a fin de
poner en el banquillo de los acusados a quien o a quienes resulten responsables, y corresponsables del agravio
contra los sureños de la entidad, concretamente del Valle del Yaqui. Todos a
una demandan Juicio Político contra los culpables del ultraje que se enseñorea,
con lujo de impunidad, en el Estado vanguardista de la posrevolución.
Y mientras se incuba el
encono y el rencor en una Entidad dividida por el autoritarismo, la
inexperiencia política y emponzoñada por la confabulación y la corrupción,
entre los que abanderan el derecho a la inconformidad, víctimas del mal
gobierno, crece y se multiplica, día a día, el germen de la rebeldía colectiva
y se motiva, para bien o para mal (sin duda para esto último), a la justicia
por mano propia, con los efectos que esto implica.
Se olvida paladinamente, por
otra parte, el tema crucial del impacto ecológico, el asunto prioritario del
deterioro ambiental, la tarea de la prevención tocante al cuidado del entorno
natural. Sin embargo, aún es tiempo para que este tema ocupe un lugar destacado,
el que socialmente le corresponde, y a fin de que técnicos y científicos
especializados en este particular sean convocados por las autoridades.
El propósito sería el de
efectuar estudios pertinentes relacionados con el uso y aprovechamiento del
agua y con la idea de evaluar las consecuencias que podrían derivarse del
actual conflicto. Y así, prevenir resultados funestos e irreparables en la
salud, la productividad agropecuaria y en la economía regional.
El Derecho a la Información
tiene aquí una excelente oportunidad,con el objeto de hacer prevalecer, frente
al silencio y al mutismo circundante, su validez y plena eficacia.
