Formal y materialmente,
en Sonora el federalismo está pasando a
mejor vida. La noción de Estado está siendo borrada, ahí, sin mayores apuros,
del mapa de la geografía, lo que hace una patria y define a una nación. Ésta, lo sabemos, se
configura por entidades libres y soberanas, con miembros adherentes al pacto
federal. Lo que ocurre allá nos hace recordar la vieja y dolorosa experiencia
histórica cuando Tejas, la porción territorial abandonada política y
administrativamente a la ambición de los vecinos del Norte, fue segregada y
amputada de nuestra jurisdicción sin reclamos valederos.
Tierra de nadie, podría
declararse ante el abandono del Estado de Derecho. Tierra de nadie, en donde
las disposiciones constitucionales no tienen validez ni eficacia, y en donde
prepondera la voluntad subjetiva del Gobernador sobre el imperio de la
legalidad. Tierra de nadie, en fin, en donde los poderes públicos se sobreponen
al ejercicio del autoritarismo y en donde la anarquía sigue haciendo de las
suyas. Y para colmo, en donde las sentencias judiciales y las resoluciones del
órgano justiciero supremo carecen de fuerza imperativa.
Voz que clama en el desierto
sonorense, dan la impresión de ser los reclamos, las advertencias y los exhortos
de los representantes populares en la Cámaras de Diputados y de Senadores, así
como la muy valerosa y valiosa voz del alcalde de Cajeme, Rogelio Díaz Brown,
quien por cierto es toda una revelación política, a ojos de propios y extraños,
por la intrepidez de su palabras como por el arrojo de sus actos.
Frente a un legalismo sin
ley, de cara a un vacío físico y formal o estructural de poder, Díaz Brown ha
tomado el toro por los cuernos, sale al paso de los calamitosos sucesos, con entereza y pundonor, y encabeza la lucha
cívica por la defensa del agua, interpretando el sentir de los ciudadanos en
pie de protesta por los abusos, la intemperancia y la inepcia de un Ejecutivo
“de nomine”, sólo de nombre.
La estrategia del aún
mandatario (en el caso, el nombre es lo de menos), es ”dejar hacer, dejar
pasar”, tratando por ese medio de orillar a los manifestantes, a colocarse en
ilicitud, en condición a fin de que opere y se cumpla la normatividad penal. Y
en ese caso, empujarlos a situaciones extremas, a la desesperación, con el fin de que obre la
fuerza de la ley en sentido inverso. Es decir, que en vez de someter a quien
provoca con el fuero de un poder arbitrario, se ejerza la fuerza del garrote y
de las bayonetas en contra de quienes han demostrado tener de su lado la justicia jurídica, es decir, la legalidad y
la constitucionalidad.
¿Cuánto vale negociar la ley?
¿Tres o cuatro mil millones de pesos? ¿Puede algún magnate pagar el costo de la
impunidad a ojos vistas? ¿Es, acaso, negociable el hurto furtivo o sin tapujos
del agua?
Son las anteriores algunas de
las preguntas que ha hecho en público el munícipe de Ciudad Obregón. Son
preguntas hasta ahora sin respuesta, por parte de los ejecutivos estatal y
federal, de Enrique Peña Nieto y de Guillermo Padrés Elías.
La más reciente expresión del
alcalde, por cierto hace poco galardonada en el seno del organismo que reúne a
los munícipes del país, en el sentido de que si al Gobernador Padrés, ausente
de sus deberes constitucionales, no le es posible resolver el trasvase ilegal
del agua, en tiempo perentorio, él mismo, en persona, apagará las bombas
furtivas del Acueducto.
Afortunadamente, con todo
y los presagios de drama o de tragedia que envuelve el insólito caso de vacío de
poder, de legalismo sin ley, en la investidura y persona de Rogelio Díaz Brown
hay madera de gobernante y político con perfiles de estadista. Por lo anterior,
se puede afirmar que los cajemenses, en pleno y consciente ejercicio de sus
derechos ciudadanos, pueden convenir, sin visos de equivocación, que el
Alcalde, su Alcalde, es hombre y funcionario de palabra.
