Por Federico Osorio
Altúzar
Ronda
la inseguridad, de todo género, por el territorio nacional. En el mineral de
Ocampo, Estado de Chihuahua, se deja escuchar, por enésima ocasión, los “ayes”
de dolor, la queja indignada y la seca advertencia: no más abusos, tampoco
impunidad. Nada en contra de indefensos trabajadores en las minas de la región
y en cualquier otro rincón de México.
El
luto en la mina “Jesús María” del municipio serrano de Chihuahua revive la
indignación de los familiares motivada por el infortunio de los obreros caídos
en Pasta de Conchos y en la Minera de Sabinas. Es una llamada de alerta, un
grito en la montaña, la luz de un foco rojo, acaso el último que se encienda,
el cual conmina a los empresarios impasibles frente al dolor, con el fin de
rectificar y corregir los sistemas, llamados de seguridad, antes de que sea
demasiado tarde.
Corrupción
y complicidad van por lo común. Sin la anuencia de la autoridad difícilmente se
explica la corrupción. Y ésta se alimenta y pervive como prolongación de la
proclividad a convertir la política en celestina de pingües negocios y de
nefandas transacciones.
Exigen
justicia los mineros de Ocampo y aseguran que llegarán tan lejos como sus
fuerzas y convicciones lo hacen posible. Exigen justicia jurídica: en el caso,
justicia laboral. Justicia pronta y expedita. ¿Será posible? Pues ésta, la que
deriva de la legislación obrera se ha vuelto letra muerta; por obra y gracia de
autoridades municipales y estatales. Y por la inepcia federal.
La
cadena se rompe por lo más delgado. Aquí, reventará si se deja de atender, en
tiempo y forma, la protesta de los mineros de Ocampo y si no se procede a fijar
sanciones drásticas a fin de contener, de una vez por todas, la amenaza de
“empresarios” y políticos obsequiosos coludidos entre sí, que ven en la
flaqueza y debilidad del Estado mexicano la oportunidad para hacer del saqueo y
la rapiña, la gran negociación.
Por
otra parte, la inseguridad pública y
jurídica se incrementa día a día. Crece el saldo de muertes, secuestros y
desaparecidos. La “guerra no declarada” contra el narcotráfico se ha convertido
en verdadera revuelta civil, con el consiguiente derrumbe de las garantías
individuales y sociales. La ONU denuncia el atropello de los Derechos Humanos
por parte del Gobierno de México. Y en la
sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se acumulan los
reclamos de las organizaciones obreras por el embate a los derechos más
elementales de quienes viven de su fuerza de trabajo.
Entre
tanto, la anarquía oficial cunde, propiciada desde las alturas del poder. En
Sonora, el jefe del Ejecutivo estatal invade y erosiona, paladinamente, sin que
nadie lo impida, las esferas de los poderes públicos, en particular del Poder
Judicial, incluyendo competencias que atañen al ámbito federal. En Palacio de
Gobierno, hay oídos sordos y ojos que nada ven.
La
inseguridad llega al umbral de los derechos soberanos del Estado mexicano. Y la
vida cívica y electoral, en vísperas de los comicios de julio, está a las
resultas ya no del elector número uno, como antes, de la voluntad del
Mandatario en turno, sino a expensas de las instancias extranjeras, del vecino
país.
Viene
a México el vicepresidente Joseph Biden y se reúne en franca camaradería con
los candidatos a la Presidencia, sin el menor asomo de rubor. Los viejos
tiempos en que si un Mandatario nuestro iba a la frontera norte para
entrevistarse con su par, aquello era motivo de conmoción social y política.
Los líderes partidistas pegaban el grito en el cielo. Ahora, no pasa nada. La
globalidad es de puertas abiertas, sin importar principios como los de no
intervención y autodeterminación.
La
inseguridad pública y jurídica, laboral y social, permea por toda partes.
