De Norte a Sur,
desde Argentina a los Estados Unidos, pasando por México, el anarquismo
pretende hacer de las suyas.
De manera diversa,
promueve la rebelión ante las convenciones estatales.
El ensayo del
periodista sudamericano, Víctor Ego Querot, reproducido en el diario “La Jornada”
el pasado domingo con el revelador título “Vivir en una democracia criminal”,
pone de relieve hasta qué grado llega la comisión de crímenes sin castigo y cómo
la violencia rebasa todo límite hasta convertirse en sustituto de la tolerancia.
Los hechos
deplorables ocurridos últimamente en la máxima casa de estudios (la UNAM) junto
con los crímenes perpetrados en diversas partes de la Nación, lo mismo en
Venezuela, Brasil, Nicaragua y otros países, da íntegra razón el académico de Argentina.
La errática
confusión entre Universidad y Estado, entre autoridades responsables de velar
por la integridad de la autonomía y órganos creados con el fin de propiciar la
paz y la armonía social, degenera en actos que van de la protesta bien
entendida por conductas lesivas al régimen de libertades para enseñar,
investigar y difundir la cultura, hasta la organización de acciones
contestatarias, incluso punibles, que ponen de relieve propósitos aviesos y lesivos
para la institución como también para la sociedad y para los autores de la que
bien podría calificarse de provocación.
Adquiere sentido
lo anterior cuando se toma en cuenta el pliego petitorio dirigido al Rector de
la UNAM con el objeto de obtener respuestas del jefe nato de la institución
sobre temas controversiales y otros ya resueltos con antelación. El colmo:
juzgarlas fuera de tiempo.
A unos días, los
peticionarios recibieron respuestas objetivas, en tiempo y forma, apegadas a la
legislación nacional en asuntos educativos, relacionadas con la seguridad y la
equidad en los planteles universitarios.
Hay ejemplos que
hablan acerca de esto último, como en el caso de alumnos expulsados por la
institución en apego a normas establecidas por la Universidad, de acuerdo con la
facultad que le asiste y dentro de los límites señalados a sus funcionarios.
En cuanto al
ejercicio de la normatividad institucional, el rector Graue Wiechers refrendó la letra y su significado de la
autonomía, punto en el que difieren los quejosos. Para empezar, la UNAM no es
una ínsula, un Estado más dentro de un sistema federalista inexistente. Las
leyes que la rigen para cumplir con sus fines son generadas en el seno
legislativo en el que se inscribe su origen y destino. La arbitrariedad es lo
que cuenta en el planteamiento de los peticionarios como desahogo anarquista y
anhelo por equiparar Universidad y Gobierno o, más aún, identificar Universidad
y Estado.
Hace 50 años el
rector Javier Barros Sierra, en muchos sentidos Rector Magnífico al igual que
el rector Guillermo Soberón, hizo valer el principio de la autonomía ante los
violadores de la misma con los recursos a su alcance, sin dar a unos lo que en
rigor pertenecía a la contraparte.
En su carta
rediviva, misma que leyó hace poco su hija en el plantel 6 de la Preparatoria,
expresa que si bien los inconformes tenían camino a seguir él asumiría el suyo:
apego a la legalidad nacional y acato a la interna que ampara a la Universidad
de la que fue rector: validada por su comunidad en consonancia con la letra y
el espíritu constitucional, en concordancia con la normatividad vigente.
Hoy, el rector Enrique
Graue Wiechers convalida desde su investidura los principios de autonomía y
legalidad que imperan en la casa de estudios. A los universitarios –directivos,
maestros, alumnos y personal administrativo- corresponde, de modo urgente, sumarnos
a dicha convocatoria.