La necesidad, se dice, es
madre de todo. Ciertamente, siempre y cuando haya oportunas respuestas a los
apremios. En el diálogo platónico “Protágoras” (denominado así por su autor en
alusión al filósofo de Abdera), se relata el mito de Prometeo según el cual los
hombres fueron impelidos a reunirse en sociedad para defenderse del acoso de las
fieras ante el desamparo con motivo de la repartición de dones y por el
descuido de Epimeteo, comisionado por Zeus con aquel efecto.
En “La ciudad antigua”, Fustel
de Coulanges afirma que fueron tendencias místicas (necesidades imperiosas), las
que llevaron a las tribus a congregarse en poblados, luego en urbes, para
realizar sus ritos y llevar a cabo el acto de adorar, en común, a sus dioses.
Así, el pacto de Vícam, el
acuerdo entre el gobernador de Sinaloa, López Valdés, y las autoridades de la
Tribu Yaqui con el objeto de “flexibilizar” el bloqueo de la carretera federal
en la demarcación de la comunidad indígena, se explica y justifica como
búsqueda y encuentro de una resolución al conflicto, provisional y en principio
desconcertante, pero dictada por urgencias y necesidades que apremian a las
partes. La presencia de Díaz Brown, alcalde de Cajeme, ha testificado la
alianza.
Es aún prematuro hacer
vaticinios sobre el resultado del pacto, sobre todo por el contenido y las
finalidades de que trata. Sin embargo, se puede celebrar y hasta aplaudir la
iniciativa como vía para superar parte del conflicto ante la inepcia y lentitud
de la autoridad.
Voz inaudible en el desierto
es la de la Tribu Yaqui. Ha sido ésta destinataria de una justicia diferida,
suministrada a paso de tortuga por los obligados a cumplir sus competencias. Y
es también demanda urgente la de los agricultores sinaloenses, pero asumida con
determinación y buena fe por su diligente Mandatario.
Víctima de indefensión
desmesurada, el reclamo de la Tribues acogido con gesto de discriminación, indiferencia y hasta con afán
de exterminio por quienes olvidan que los
yaquis son mexicanos, titulares de garantías constitucionales plenas y
de tutela a los legítimos derechos que les son propios. Y algo similar puede
decirse de los productores agrícolas afectados con motivo del bloqueo carretero
convertido en retenes infranqueables que perjudican la comercialización de sus
cosechas.
Sin festinar los resultados
del acuerdo, y se espera lo mejor, se advierte por vez primera la posibilidad de
echar abajo los muros infranqueables de rígida contención entre regiones y
jurisdicciones colindantes, al grado de que no haya la fecha mutua y oportuna
colaboración entre comunidades adjuntas, acciones eficaces ante apremios como
éste y otros, según ha ocurrido en casos de frustrada persecución de criminales,
impedida por
cuestiones de límites fronterizos entre los Estados.
Nuevo y viejo federalismo
parece debatirse aquí, con motivo del problema que, siendo de carácter económico, enfrenta temas como la
garantía de libre tránsito para la movilización oportuna de mercancías, y para
el traslado de personas en términos de seguridad y respeto a la dignidad que
merecen. Pero está en el tapete de la discusión, asimismo, el derecho a la
distribución equitativa de bienes y recursos: de la Federación a los Estados y
de éstos a los municipios, en tiempo y forma. Y está, además, en la mesa de la
polémica el por qué la autoridad ejecutiva responsable para resolver problemas,
con lujo de impunidad se convierte en juez y parte. Por qué se asumen aires de
irresponsabilidad y por qué se hace de los demandantes, intrusos e inoportunos.
Los vacíos de autoridad se
cubren, al parecer, mediante un naciente federalismo, nuevo en la forma pero
favorable y propicio para su eventual formalización normativa e institucional.
