En el distante año de
1992, se promulgó el decreto a fin de elevar a rango federal la educación
básica en el país. El entonces subsecretario de Planeación Educativa (SEP),
Esteban Moctezuma Barragán, anunció que se trataba de una resolución histórica:
el rescate del espíritu del Constituyente de 1917.
No quedó ahí la emotiva
declaración del funcionario. Hizo, asimismo, un apasionado resumen acerca de lo
que llamó avances constatables en la prestación del servicio educativo público.
La sociedad vibró al unísono con aquel mensaje innovador que hacía de la
educación palanca modernizadora del México finisecular.
Moctezuma Barragán hizo
vislumbrar un futuro venturoso para los marginados del país, en particular para
los pobladores de zonas en donde viven grupos indígenas sumidos en el abandono
desde los tiempos del educador de los pobres, José Vasconcelos.
En más de 15 puntos, el
subsecretario condensó el progreso educativo nacional. Entre otros, subrayó el
de la educación secundaria con carácter obligatorio; la reformulación de los
planes y programas de estudio en la enseñanza básica; la renovación del
contenido de los libros de texto. El establecimiento de la carrera magisterial.
Enalteció como logro
especial el programa permanente de actualización magisterial, mencionó la
promulgación de la nueva Ley General de Educación. Y señaló como paso decisivo
para fortalecer el régimen de la enseñanza laica, gratuita y obligatoria, el
incremento del presupuesto federal educativo hasta alcanzar un 7.5 por ciento
en términos reales.
Moctezuma sentenció:
“Todo lo anterior se deriva de un acuerdo de enorme trascendencia entre la
Secretaría de Educación Pública, los gobiernos de los Estados de la Federación
y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”. Esto puede leerse en
“La educación pública frente a las nuevas realidades” (FCE, l993, 234p.)
Veinte años más tarde, el
escenario de la educación pública nacional causa estupefacción. Para empezar,
la dirigente del Sindicado Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) está
bajo indicios de corrupción y manejo ilícito de las cuotas sindicales. Los
afiliados a la organización preparan legítimos reclamos a fin de conocer el
destino de sus recursos aportados durante varios lustres.
No es todo. Las preguntas
se suman como en cascada. ¿Qué ocurrió con los fulgurantes avances de los que
alguna vez habló y dejó por escrito el subsecretario Moctezuma Barragán? Por
ejemplo, sobre la carrera magisterial: acerca de la actualización de los planes
y programas de estudio, en relación con los libros de Texto.
¿No hubo oportunidad para
deslindar la actividad de los empleados administrativos de la función docente
que desempeñan los profesores en activo? ¿Qué ocurrió con la declamada carrera
magisterial? ¿Qué pasó con las buenas relaciones entre la SEP y el SNTE?
En la década de los 80,
la UNAM (“Mater et Magistra”) dio ejemplar cátedra acerca de cómo vincular la
actividad de los trabajadores manuales y los docentes. Emprendió una
movilización que culminó en la reforma constitucional abanderada por el rector
Guillermo Soberón y respaldada por los poderes del Estado, a la cabeza el Ejecutivo
Federal representado por el presidente López Portillo. Hizo valer las letras de
la Ley, con gesto imperturbable, el entonces abogado general, Diego Valadés
Ríos y en funciones, posteriormente, Ignacio Carrillo Prieto, autor del libro
“El personal académico en la legislación universitaria” (UNAM, 1976)
Pero todo indica que se
retoman las lecciones del pasado. El subsecretario Fernando Migallón, ex
director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, puede contribuir
a despejar el incierto panorama en el preámbulo de la reforma. El secretario
Emilio Chauyffet sigue puntualmente las modificaciones al orden constitucional.
El presidente Peña Nieto expresa firmeza a toda prueba.
