Por Federico Osorio Altúzar
El
veto presidencial al Fondo Especial de
apoyo por los estragos de la sequía, es más que una decisión política que
rebasa las facultades discrecionales del jefe del Ejecutivo. Va mucho más allá
de una moción con finalidades perversas, políticamente dicho, y podría fincarse
en la esfera de un mandato dictatorial que no pondera los posibles efectos letales
y las consecuencias sociales en su verdadera y dolorosa dimensión.
“Pone
en riesgo la sobrevivencia de miles y miles de familias mexicanas que no tienen
ni para comer”, advierte Francisco Rojas, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Hay trasfondo
electoral en el veto del presidente Calderón, denuncia el diputado federal Manuel Cota, coordinador
de la diputación campesina. Es una drástica determinación cuya crueldad podría
ser considerada de “lesa humanidad”, a la luz de los Derechos Humanos.
En
Durango y Chihuahua hace presencia la hambruna sin que, al parecer, haga mella
en la conciencia nacional ni extranjera. Las fiestas navideñas y del Año Nuevo
ocupan los espacios publicitarios dejando de lado la información incómoda; es
decir, todo aquello que tiene que con la corrupción y la rapiña oficial por
parte de agentes públicos de todos los niveles y de todos los colores
ideológicos.
El
despilfarro de los recursos públicos (por ejemplo, el costo o derroche en
monumentos conmemorativos del bicentenario) se hacen ostensibles y ofensivos,
amplificando aún más las desviaciones gubernamentales y provocando el malestar,
de por sí ya insoportable, entre las clases sacrificadas del país: obreros y
campesinos, principalmente. La malversación de fondos hacendarios salta a la
vista por el volumen desmesurado del endeudamiento público y por el regateo injustificable para transferir los
recursos supuestamente previstos a que está obligada la autoridad federal en
situaciones de desastres naturales.
La
bancarrota de las finanzas nacionales está a la vista. El veto presidencial a
que nos referimos es una señal de lo anterior. La fuga de divisas, por otra
parte, es opción razonable como vía de
escape por parte de inversionistas foráneos azorados ante el desplome del
crecimiento y los vestigios del desarrollo en estrepitosa caída. Pocas veces la economía de México ha
encendido luces alarmantes, como hoy, en
vísperas de la renovación de poderes. El hundimiento de la educación en todos
los niveles, desde el básico hasta el superior, es un grito de alarma en el
tormentoso panorama que hace de la esperanza más que una posibilidad y del
cambio con sentido de progreso y bienestar, un riguroso imperativo.
A
todo esto, el veto presidencial de referencia cae como vendaval en primavera.
Se vuelve acicate, cuando se esperarían alivios y retenes ante la amenaza de
hambruna en las zonas marginadas. Y es látigo para castigar a inocentes que
podrían sumarse a las víctimas inermes del desempleo, la insalubridad y la
desnutrición. Aumentará el ya de por sí abultado cúmulo de exterminio a causa
de la fallida y mal llamada guerra contra el crimen organizado.
Pero
todo lo que mal comienza, mal termina. Todo principio tiene, a la postre, un
final. El veto presidencial al Fondo Especial por los efectos de la sequía
lleva consigo el destino de un “boomerang” que se vuelve, sin duda se volverá,
contra sus mismos inventores. Los miles de muertos en la guerra contra el crimen
organizado no votarán, es cierto, este año como tampoco los desaparecidos por
la hambruna en la Tarahumara y en la sierra de Durango. No obstante, por su
trágico destino y su muerte por
inanición, a causa de negligencia o por imprudencia oficial, harán acto de
presencia para dirimir una justa electoral en la que vencerán los mejores. Es decir, los respetuosos de los Derechos
Humanos, de la legalidad y la constitucionalidad.
