Por Federico Osorio Altúzar
Este 17 de enero se cumplen once años del
frustrado magnicidio del que salió con vida, para fortuna de los chihuahuenses,
de sus familiares, colaboradores y amigos, el entonces mandatario estatal,
contador público Patricio Martínez García. El boletín informativo de la
Coordinación de Comunicación Social, a cargo de Antonio García Hernández, breve,
escueto en su contenido, refería el lugar, la hora del inaudito atentado y
quién había hecho accionar el arma criminal: escalinata del Palacio de
Gobierno; 11:30 Y de la mañana. Y el nombre de la atacante: Cruz Victoria
Loyola Montejano.
Dos días antes había visitado
Chihuahua el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha.
Poco antes, el entonces temido traficante de droga, Joaquín Guzmán Loera, líder
del cártel de Sinaloa y ahora el “narco más poderoso del mundo”, según el
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se había fugado de un centro calificado de alta seguridad en
Jalisco.
Patricio Martínez había
asumido el Ejecutivo estatal en octubre de 1998, sucediendo en dicha función al gobernador panista
Francisco Barrio Terrazas. En los dos
primeros años de su gestión, el ex
presidente municipal de Chihuahua capital y ex diputado federal ponía el
énfasis de su actuación pública en la modernización del Estado mediante
innovaciones de carácter administrativo que señalarían nuevos rumbos en las
inversiones públicas, el impulso a la obra urbana y rural; en la apertura al
comercio internacional hacia los mercados de ultramar, así como en la
cooperación y el intercambio financiero y tecnológico con los estados allende
la frontera: Texas, Nuevo México, Arizona.
Día lleno de incertidumbre y
conjeturas aquel 17 de enero. Día rodeado de zozobra por el estado de salud del
mandatario. Horas lentas y cargadas de dramáticas inquietudes acerca de los
destinos inmediatos de una sociedad por antonomasia noble, generosa y
progresista. No había precedente alguno de esa magnitud en la historia de la
entidad, aseguraba el ex gobernador Fernando Baeza Meléndez. Por su parte, Francisco Barrio Terrazas,
gobernador del Estado de 1992 a 1998,
descartaba que el móvil del atentado fuera el narcotráfico.
El impacto de la bala
criminal hizo blanco en la cabeza del gobernador, aunque no logró la
consumación del móvil asesino. Patricio Martínez salvó la muerte en forma por
demás afortunada, sin que su determinación,
entereza política y férrea voluntad para superar el incalificable atentado haya
menguado de manera alguna. Fue al contrario. Redefinió su plan de Gobierno y
programó con mayor precisión y celeridad las metas y objetivos del crecimiento
y el desarrollo para el Estado. Se convirtió en la voz más vigorosa y audible
en los foros nacionales en donde sus pares, los mandatarios de la República, lo
escucharon con excepcional interés la forma de exponer sus propuestas de una
reforma hacendaria, cuyos alcances y logros hubiesen evitado el fracaso de las
finanzas nacionales y el caos actual de la política fiscal del gobierno que
encabeza el presidente Felipe Calderón.
Puso orden en la economía
urbana y en la desconcentración administrativa, a pesar de las resistencias
provocadas en áreas colaterales del poder estatal y de la falta de
entendimiento para extender la seguridad pública con políticas laborales y de
igualdad de género en la frontera. Con
mala fe se le quiso cargar la torva cadena de feminicidios.
A once años del fallido
asesinato, la pregunta de aquel 17 de
enero se vuelve actual y adquiere renovado sentido ante la impunidad convertida
en patente de Corso en manos de la criminalidad organizada: ¿Por qué? ¿Cuál fue
el móvil del criminal atentado? ¿Quién o
quiénes fueron los agentes intelectuales de aquel proditorio intento de
magnicidio?
