Por Federico Osorio Altúzar
Estalló en el cerezo de Ciudad Juárez la bomba de tiempo que no se quiso o no se pudo desactivar. En el penal de Gómez Palacio se había puesto en evidencia el dicho de Michel Foucault en el sentido de que las cárceles son escuelas para delinquir, no para reeducar, vivir en sociedad, enseñar los valores del civismo y mostrar que, por encima de la propensión criminal, está la convivencia y los principios de la dignidad e integridad de la persona. En Juárez se convalida la denuncia.
Convertido en campo de batalla, la sede carcelaria juarense se exhibió, al igual que en Durango, la inepcia, el fango de corrupción, el revanchismo, el odio y la venganza; lo mismo que los intereses turbios. Todo ello en infernal mezcla. Aquí se rebasó cualquier límite tolerable. Proponiéndoselo o no, “motu proprio” o por consigna y confabulación, la administración municipal presidida por el alcalde Héctor Murguía se ha vuelto, de manera drástica, contra la reforma penal abanderada por el gobernador César Duarte Jáquez en la demarcación chihuahuense, primero como mandatario constitucional y en seguida con la investidura que le otorgó CONAGO como secretario de seguridad pública en el órgano colegiado de los mandatarios estatales. A título de un municipalismo mal entendido, radicalizando las facultades y atribuciones de dicha jurisdicción, se ha dejado llevar por el insano y deleznable impulso de aislar a los juarenses infiriéndoles daño en lugar de garantías, oponiendo en franca rebeldía institucional su actuación a la del Ejecutivo estatal y a la Federación, conjuntamente.
Por otra parte, a un año de conducir las riendas del poder en Chihuahua, César Duarte ha logrado, con la celeridad de la situación y lo deplorable de los hechos heredados, refundar el Estado democrático de Derecho, reordenar los hilos de las políticas públicas de bienestar, cohabitación partidista plural, dinámica económica y justicia social entendida como oportunidad para ricos y pobres, poderosos o precaristas, encumbrados y marginados. Ha ido, y está yendo por más. Se hace eco, en tiempos de dramáticos retrocesos, del compromiso que sus gobernados escucharon hace dos meses: el “Si no, que el pueblo lo demande”.
Antes del término de su primer año de mandato, el ex presidente de la Cámara de Diputados había sido objeto de la distinción de sus pares al nominarlo coordinador del área de seguridad en el seno de la Conferencia Nacional. Había dictado ya disposiciones administrativas de apoyo financiero a los 67 municipios de la entidad, anticipándoles el monto de lo que recaudarían al año por concepto de pago de impuestos; ha requerido y exige honestidad y transparencia a los miembros de su gabinete demandando informaciones sobre su gestión en la aplicación de los recursos como en la resolución de problemas.
En suma, el Gobernador supera sus propias metas y objetivos inmediatos, logrando lo que parecía distante. Tendió lazos para la interacción de los poderes federal y estatal, alentó la autonomía local, la participación y la cooperación de los municipios, impulsó reformas a la normatividad, con base en su experiencia legislativa en la Cámara federal, para modernizar a la luz de los avances de la ciencia penal y sus correspondientes técnicas las leyes sobre procuración y administración de la justicia punitiva. Chihuahua pasa, así, a la historia del país como el Estado en el que se dictan las 10 condenas que llevarán a los criminales a pasar toda su vida en prisión. Llevan el sello de la ejemplaridad.
Lo ocurrido en el cerezo de Juárez parecería una irresponsable forma de echar por tierra lo construido y reconstruido. El municipalismo, no se duda, es contrario a revancha, irascibilidad y anarquía. En perjuicio de los ciudadanos.
