Por Federico Osorio Altúzar
Desde hace más de cuatro siglos la población indígena vive o sobrevive entre la tortura del purgatorio y el infierno universal. No bien sale de uno para caer en el otro extremo de la dantesca ignominia heredada por la Conquista. Criollos y mestizos han asumido la vil encomienda de consumar lo que no llevaron a cabo sus ancestros: arrasar con la totalidad de los bienes materiales de los aborígenes y, una vez, talado sus montes, saqueado las entrañas del subsuelo, sometido a los legítimos dueños de tierras y recursos acuíferos, dar inicio a la solución final. Es decir, exterminar a quienes ven como obstáculo y estorbo: las etnias que son, por hoy, parias en su propio territorio.
Lo sufren así indígenas, cuyos dirigentes en zonas degradadas, socialmente hablando, de Guerrero y Michoacán, Oaxaca y los altos de Chiapas, Chihuahua, Durango y del Estado de Sonora. Han sido, y en gran medida lo son, víctimas de toda indefensión pasando por la llana esclavitud, el acoso y las violaciones, sin descontar el robo, las violaciones y la desaparición de sus líderes, marcados por los cantos encantadores de un crecimiento y un desarrollo que jamás llegan. Sucumben sin que nada ni nadie los proteja de los gobiernos que sirven intereses criollos y extranjeros.
Comuneros de Guerrero (en La Montaña y la Costa Chica) denuncian la actitud del gobierno ante el acoso de talamontes, y el abuso escudados en la impunidad propiciada por la autoridad coludida con los depredadores. Terminó la esperanza, afirman, del gobierno del cambio liderada por Zeferino Torreblanca, líder de una izquierda que prometió zanjar la brecha de la marginación y afrontan ahora la amenaza de la invasión de consorcios mineros sedientos de oro y plata, ante el derrumbe de la economía de los Estados Unidos.
En Oaxaca autoridades municipales y agrarias (del Rincón de la Sierra Juárez) denuncian ostensible realidad: el proyecto México Indígena ha sido financiado por la Oficina de Estudios Militares para el Extranjero del vecino país, con la injerencia y complicidad de las autoridades estatales y federales. Mientras tanto en Sonora, el Consejo Estatal Indígena hace público el desdén irresponsable y la sordera crónica del gobierno estatal para escuchar las urgencias que apremian a las etnias para quienes ha terminado (o nunca dio comienzo) la utopía que una vez entusiasmó a yaquis, mayos y pimas en la pasada década de los 70.
Igualmente, con sus variantes propias, las etnias de Chihuahua aguardan resolución a sus demandas. Anuncian una reunión con el Ejecutivo de la Entidad, César Duarte, para exponerle sus carencias, agobios y apremios en materia de comunicación e información, políticas públicas educativas; en salubridad, ocupación y seguridad. Son víctimas seculares de la depredación sistemática por parte de inversionistas inescrupulosos, autoridades venales, y ante el crónico desamparo en que se debaten sus pueblos y aldeas de la Alta y Baja Tarahumara, de cara al acoso, el desprecio y el desamparo en las grandes ciudades y conglomerados de la localidad. La voracidad, la confabulación aunada a la inveterada impunidad y la retórica falaz se cierne sobre las etnias, haciendo que el Día Internacional de los Pueblos indígenas, que se conmemora hoy, sea más bien Día en el que se rememoran sacrificios, crímenes sin castigo y despojo vil. Es el clamor universal de las etnias marginadas y explotadas en vías de exterminio frente a las políticas interventoras, depredadoras y asoladoras por parte de quienes enarbolan, sin sustento y viabilidad, banderas de progreso, crecimiento y desarrollo. En suma, de prosperidad.
