La pregunta
palpitante en este aniversario es: ¿Envejecen las constituciones? ¿Son los usos
y costumbres los que hacen ineficaz el orden normativo en unos casos y en otros
le otorgan continuidad y fortaleza?
La
nuestra, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envuelta en
festejos que van desde los vibrantes aplausos hasta la crítica demoledora, ¿se
encuentra en los umbrales de la tercera y última edad? ¿La impunidad se ha cebado
en ella hasta hacerla obsoleta? Finalmente, los hacedores de leyes, ¿son los responsables
de su estado de inaplicabilidad en asuntos que más afectan a los ciudadanos.
¿Qué papel juega,
en otros términos, el Poder Judicial de la Federación en todo esto?
Mientras
tanto, las celebraciones están a la orden del día. Las hay desde espectáculos
deportivos hasta discursos epidícticos; desde comentarios adversos hasta de
retórica deslumbrante y oficialista que, por cierto, es la más utilizada.
El
centenario ocurre en medio de un conflicto sin precedentes en la tortuosa
relación histórica entre nuestro gobierno y el flamante de los Estados Unidos
de Norteamérica. Se agrava por el hecho, insólito, de que está revestido de
apariencia trágica cuando no de ropaje cómico, a juzgar por las expresiones que
nos llegan dentro de las mismas 24 horas del día.
Sin embargo, no
hay mal que por bien no venga, según reza el dicho popular.
Así,
lo fenoménico del caso nos lleva a reflexionar acerca del documento histórico, la
Constitución, fundamento de nuestra vida ético-jurídica y en cuanto a nuestras
relaciones externas con toda responsabilidad, llevándonos a exigir a los
titulares de los poderes públicos el desempeño cabal de sus investiduras. Al
Ejecutivo federal y a los estatales los deberes de su competencia en lo
relativo a soberanía, no intervención, libre tránsito, para citar lo que está a
la vista.
Además,
los exabruptos del presidente Donald Trump nos llevan a repensar nuestro pasado
mediato e inmediato.
Somos
un territorio en perpetuo abandono. El suelo y el subsuelo son víctima de
improductividad, en perjuicio directo de nuestros connacionales. Este último,
el subsuelo, lo disfrutan extraños y mexicanos tan solo de nombre. La minería
es dádiva para inversionistas foráneos. Mientras que la agricultura, el suelo,
sigue en manos de hacendados neo porfiristas, por decir lo menos.
Por
consecuencia, hay miles y miles de migrantes mexicanos, apátridas como efecto
de las políticas usureras y desnacionalizadoras propiciadas desde las cúpulas
gubernamentales en turno. A la indulgencia de los desgobiernos nacionales, se
añaden abrumadoramente las amenazas de
los vecinos del Norte. Hemos contribuido al muro de la incomprensión que hoy en
día lamentamos, pero que nunca supimos evitar a su debido tiempo.
Pero
volvamos a lo del Centenario de la Constitución.
Hay
voces que demandan la promulgación de una Constitución nueva. Argumentan que la
actual es inoperante, y por tanto obsoleta.
Sobre
el particular, tiene sentido invocar la función interpretativa por parte del
Poder Judicial de la Federación; es decir, tomar en cuenta el papel renovador del susodicho órgano respecto
de los contenidos normativos, lo que hace rejuvenecer, actualizando las
disposiciones constitucionales, otorgándoles significados pertinentes.
En
la Presentación a los cinco volúmenes en donde consta la actividad creadora de
dicho Poder, el entonces Presidente de la SCJN, doctor Ulises Schmill, dejó
sabiamente expresado cómo, a través de la vía jurisdiccional, es factible establecer los criterios de validez del orden
jurídico mexicano.
Por
ese camino, la continuidad queda certeramente garantizada. Nuestra Constitución
plenamente válida, vigente y renovada.
