Por Federico Osorio Altúzar
Comparable al último informe de Enrique Peña Nieto, el primero de César Duarte tuvo de todo en cuanto a luces, vítores, acompañamiento de importantes personalidades de la política local y nacional, sin faltar el aplauso de figuras que han pasado a los registros cronológicos del pasado. Por lo que se refiere al contenido y al mensaje del documento, cabe afirmar que se trató de un informe con más conceptos que adjetivos: menos palabras y más descripciones de hechos y realizaciones; de planes y proyectos.
Por bastante tiempo pasará como el informe de la esperanza. No el informe de las ilusiones, de las utopías y las promesas. Es el primero y no el último, como dio a entender el ex mandatario Patricio Martínez: tiene cinco largos años para alcanzar las metas y los objetivos del Plan Estatal de Gobierno. Pero, el ritmo y la intensidad, dan certeza, coherencia y eficacia a las acciones del Ejecutivo.
Los agoreros y amantes del vaticinio aseguran que Duarte Jáquez es, a partir del pasado 1 de octubre de 2011, la carta fuerte para suceder al ex gobernador del Estado de México en Los Pinos, en el nada remoto año de 2018.
Conjeturas aparte, las cuentas públicas rendidas hace unos días por el gobernador de Chihuahua producen la certidumbre y la fe en las instituciones en una de las horas más difíciles y lóbregas de México. Hacen ver lampos de confianza cuando el edificio del bienestar casi se derrumba: empleo, salud, vivienda, educación y mínimos de bienestar. Y cuando, por añadidura, los ánimos de predominio allende la frontera norte soplan amenazadoramente, haciendo el ala ultraconservadora advertencias sobre incursiones militaristas para abatir, en nuestro territorio, a los cárteles del crimen organizado.
En lo interno, tierra adentro, Duarte hace constar a sus coterráneos que la voluntad política puede más que el derrotismo y la apatía en materia de inversiones públicas y privadas; que la visión de Estado va más allá del discurso lisonjero y ególatra hasta remover lastres y colmar vacíos en cuestiones educativas; que el legítimo liderazgo supera la pasión política para orientar recursos humanos y materiales a la creación de universidades tecnológicas regionales y colegios de enseñanza media y media superior.
En fin, el ejecutivo estatal transparenta su gestión con base en una política inédita, audaz y de gran alcance: la Tarahumara deja de ser, a partir de 2010, el traspatio de la modernización de Chihuahua, el “lumpen” en torno a la gran mansión en crecimiento y portentoso desarrollo que vio su término al final del sexenio 1998-2004, la tierra de nadie en donde la impunidad es campo propicio para la erección de un territorio libre y autónomo para la criminalidad en el seno del legítimo Estado de Derecho.
Frutales y hortalizas sustituirán a los “narcocultivos” en pleno florecimiento; escuelas y bibliotecas, centros de salud, a los reductos de compra-venta de estupefacientes; presas y carreteras en lugar de sembradíos para envenenar almas y cuerpos, y para enriquecer las cuentas bancarias de advenedizos y tránsfugas de la ley. Modelo en ciernes, la Tarahumara será la ruta a seguir para remontar la miseria y postración de las sierras, montañas y cañadas de Durango, Sonora y Sinaloa en el norte; Guerrero, Oaxaca, Chiapas y todo el Sureste en el país.
En lo externo, allende la línea divisoria Chihuahua pone las bases para un nuevo entendimiento con los Estados fronterizos de la Unión Americana. Revive en la cuestión del agua, el principio juarista en el sentido de que el respeto al derecho ajeno es la paz, y revisa con el concurso del Legislativo los preceptos de la Ley en cuestión para que la administración, uso y usufructo del recurso sirva, en primer término, a los intereses de los chihuahuenses.
