Por Federico Osorio Altúzar
Asumió el ministro Juan N. Silva Meza la Presidencia del máximo tribunal del país y, con ello, la rectoría del Poder Judicial de la Federación, de cuyas funciones depende lo concerniente a seguridad jurídica y paz social. La reforma de Zedillo, en 1994, se encaminó, “avant la lettre”, a fortalecer a la SCJN en su carácter de tribunal constitucional, después de haber logrado descentralizar atribuciones relativas a control de la legalidad y promover condiciones de posibilidad para impartir justicia jurídica de manera pronta y expedita.
El relevo en la Suprema Corte ha suscitado, esta vez, un sinnúmero de expectativas en el ámbito judicial propiamente dicho, pero también dentro del sector académico y de la opinión pública. Nunca, como en los más recientes años, el órgano colegiado había estado en la mira de los ciudadanos, lo cual no deja de ser un síntoma positivo que habla en voz alta sobre los anhelos de participación política y sobre el derecho de estar informado, oportuna y suficientemente, del ejercicio de las instituciones públicas. Temas como los del vado de Aguas Blancas, la matanza de Acteal, las guarderías del IMSS y el controvertido asunto de la igualdad de género, han puesto los reflectores en la declaración de competencia y de las resoluciones del supremo tribunal.
“Ad hominem”, para empezar, se plantean cuestiones que tienen que ver con la formación ideológica o política, del nuevo coordinador de la SCJN, como también en torno a su capacidad profesional y técnica, jurídicamente hablando, de quien podría esperarse resultados en uno u otro sentido. De lo primero, es conocida, de sobra, la esmerada y consistente preparación del ministro Silva Meza en el campo de la Jurisprudencia, con referencia particular a la esfera de la normatividad penal. Avala su desempeño académico e intelectual como catedrático de la ENP, en la Facultad de Derecho de la UNAM y en el INACIPE.
Acerca de su posición ideológica, quienes lo conocen de cerca saben de su disposición a plantear y resolver los problemas de su incumbencia, con un enfoque que beneficie los intereses de la mayoría por encima de privilegios de minoría. Nos atreveríamos a comentar, por cuenta nuestra, que en el caso de apremiar al ministro presidente sobre el particular, tal vez él diría, en sus términos, que el “corazón late a la izquierda”, recordando aquí la frase lapidaria de Óscar Lafontaine, ministro alemán de Finanzas en el gabinete de Gerhard Schröder, al final de su libro biográfico publicado hace una década.
En rigor, el titular de un órgano de Estado no ostentaría sus preferencias políticas en el ejercicio de su responsabilidad, a riesgo de caer en contradicciones. De ahí la inocuidad de la interpelación. Cuando un periodista preguntó al presidente López Mateos acerca de si su gobierno era de izquierda, él contestó con ironía: “Sí, pero dentro de la Constitución”. No sabemos si el interrogador insistió en saber si a juicio del Mandatario la Constitución era de izquierda, liberal o a imagen y semejanza de la reacción. Pero, ciertamente, la SCJN es un órgano colegiado cuya neutralidad la identifica. Es, fundamentalmente, garante de garantías.
Los desafíos de la Corte son por hoy: administrar justicia jurídica en tiempo y forma; resolver asuntos que tienen que ver con la seguridad jurídica; dar certeza a los dictámenes de jueces y magistrados; validar el primado de la interpretación como fuente creadora, asimismo, de derecho; blindar la integridad y la honestidad, ante todo, de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. En suma, ejercer la defensa de la Carta Magna ante el más temerario de los retos, desafíos y violaciones, provenientes de algún poder que se arrogue funciones de celoso guardián o de todopoderoso custodio.
