Bienvenido lector:

Federico Osorio Altúzar ha sido profesor de Filosofía en la UNAM y en la ENP (1964-1996) y Editor de la Gaceta de la ENP desde 2004.
Durante 15 años fue editorialista y articulista en el periódico NOVEDADES.
Es maestro en Filosofía. Tiene cursos de Inglés, Francés, Griego y Alemán.
Ha publicado en Novedades, el Heraldo de Chihuahua, El Sol de Cuervanaca, el Sol de Cuautla, Tribuna de Tlalpan, Tribuna del Yaqui, Despertar de Oaxaca y actualmente colabora en la versión en Línea de la Organización Editorial Mexicana (OEM).







lunes, 5 de agosto de 2013

LA SUPREMA CORTE TIENE LA ÚLTIMA PALABRA



Prueba en contrario, a partir de mañana, el conflicto en torno al acueducto mal denominado “Independencia”, se enfilará a una resolución final,  cumpliéndose al efecto la regla según  la cual “todo lo que principia, tiene necesariamente un fin”. La Suprema Corte enunciará entonces su última palabra tocante al dilema que divide a los sonorenses en dos regiones opuestas entre sí a causa del suministro, uso y usufructo del agua.
En el crisol pasará a prueba la propuesta de Rogelio Díaz Brown, el munícipe laureado de Cajeme, relativa a la planta desaladora como la mejor opción frente a la obtusa decisión del anarquismo y la impunidad. Los  ojos del país estarán fijos en la entidad norteña y en la  cuestionada Tribu Yaqui cuyos integrantes recobrarán su prestancia, su tradicional entereza y plena identidad. Refrendarán, así, la honra y dignidad que conservan en la historia revolucionaria del México moderno.
El día de mañana, 7 del mes, resplandecerá el sol de la justicia jurídica, aquella que da a cada quien lo suyo según lo que dicta la Ley. Mañana alumbrará con particular intensidad el Estado de Derecho el cual no hace distingos, no debe hacerlo, ni tiene porqué incurrir en parcialidad o preferencias, siempre y cuando se viva y conviva bajo la tutela de un Estado democrático de Derecho.
La última palabra pronunciada por la SCJN corroborará, prueba en contrario, si México es una patria de leyes, una nación en la que prepondera la constitucionalidad y la legalidad. O bien, ¿por qué no poner en duda la hipótesis en el sentido de que si bien el sol del Derecho sale para todos hay la posibilidad de que sus rayos pudiesen proteger al poderoso, favorecer a grupos ostentosos de poder económico y a oligarquías amparadas bajo la sombra de instancias ilegítimas y por lo tanto arbitrarias?
Por lo tanto, mañana será un día crucial en la historia no sólo de Sonora sino del país en general. Habrán de ponerse las bases normativas para resolver el conflicto del agua planteado sobre la arena movediza de la  ideología y de intereses agazapados y  tácticas oprobiosas. Se dirimirá, por tanto, si continuará haciendo de las suyas el imperio de la anarquía oficial, el predominio de la voluntad subjetiva y el reinado del temperamento. O bien, si habrá de convalidarse el Estado de Derecho sin posibilidad de que el sol de la justicia jurídica prosiga suplantado por el ”rey sol” usurpador de la ley suprema y sus reglamentos.
En vísperas de la crucial resolución, los sonorenses en particular  y los mexicanos  en general asistiremos a una demostración ejemplar: la “aplicación” o individualización del Estado de Derecho en una controversia de la cual depende la continuidad o discontinuidad del Estado democrático de Derecho; es decir, la legalidad y la constitucionalidad en toda controversia  o a la instauración del voluntarismo personal envuelto en la piel de oveja del Estado a u t o c r á t i c o de Derecho.
En otros términos, por lo que puede verse, nos encontramos ante una de las más grandes y graves resoluciones por parte del supremo tribunal de justicia: la referente al triunfo de la democracia jurídica y política o la que haría posible la victoria del autoritarismo y la autocracia.
Por lo demás, la Suprema Corte de Justicia de la Nación afrontará el autoexamen y evaluación de si misma como órgano supremo para dirimir con objetividad,  rigor, y ejemplar imparcialidad cualquier dilema, conflicto  o controversia, garantizando en este caso el Estado democrático de Derecho, vigente, cuya eficacia y validez está bajo su vigilante tutela.

 Y en este sentido refrendará sus atribuciones y el papel histórico que le corresponde como piedra de toque en el planteamiento y resolución de futuros conflictos y similares dilemas.