Por Federico Osorio Altúzar
Alzan la voz obreros del subsuelo y trabajadores defenestrados de Luz y Fuerza para anunciar la firma de un pacto histórico, enarbolando banderas en defensa de la ley y los derechos laborales conculcados, promover justicia jurídica por agresiones y afrentas del gobierno en turno, hacer valer resoluciones de la CNDH relativas a garantías relativas a la dignidad de las personas y las familias.
En medio de horas inciertas en que la dignidad entre miembros de la cúpula gubernamental anda por los suelos; cuando reclamar justicia entraña represión y máximos riesgos personales y cuando el sentido de alianza política se ha perdido y la idea de pacto es cínico contubernio, el anuncio para integrar un frente nacional bajo el emblema de recuperar valores suplantados merece una reflexión serena y ponderada. En el caso, el grito de batalla es inequívoco: ¡contra la explotación y la violación del artículo 123 constitucional.
Como en 1906, con motivo de la huelga de Cananea, se convoca a una defensa en activo del derecho al trabajo en condiciones equitativas y dignas y a poner un alto a la intimidación oficial y empresarial, al acoso de las dirigencias sindicales y a la corrupción desde la alta burocracia gubernamental. La intromisión desde el exterior sigue siendo amenaza pendiente. Se llama a la clase obrera del país con el fin de integrar lo que denominan Frente Nacional de Sindicatos Independientes y Democráticos. Y, como su primera acción, mencionan la apertura de juicio político contra el titular de Trabajo Javier Lozano, presidenciable para infortunio de panistas y aliancistas al acecho. Tutelarán el bienestar, aseguran, la integridad laboral, física y salarial de los trabajadores y sus familias. Se comprometen a evitar, con base en la ley, la depredación solapada a costa de los pobladores.
Después del asalto laboral en Cananea, auspiciado en contubernio con las administraciones políticas, local y federal, consumado por empresarios desnacionalizados y defensores de oficio a la disposición de testaferros y empleados al servicio de transnacionales; tras el doliente y crudo drama de Pasta de Conchos, oculto por la impunidad y la corrupción, el grito de mineros y electricistas tiene eco entre amplios núcleos de trabajadores mexicanos, dejados a su suerte en nombre de una reforma laboral ultraconservadora al parecer incontenible.
A diferencia de la alianza partidista de izquierdas y derechas (léase PRD y PAN), todo indica que los líderes obreros tienen un denominador común, coherente y justificable, que da sentido y viabilidad a la causa que enarbolan. A cien años del embate criminal, Cananea es una advertencia frente a la insurgencia de corte neocolonial. Habría que cuidar las manos, advierten mineros y electricistas, de sus voraces aliados con apariencia de generosidad y buena fe.
Por lo pronto habrá que señalar que los representes del susodicho Frente dan a entender que si bien quieren los fines, también deben querer los medios, a diferencia de los aliancistas del PAN y el PRD, para quienes, sin más, quieren sólo los fines. Es decir, para el buen éxito de su causa, el fin justifica los medios.
El reto es inaplazable: toca la hora para reivindicar los fines gremiales del obrerismo en México. Temas como la salud ambiental, la seguridad física de los obreros, la promoción de empleo digno y bien remunerado, el cuidado del entorno social y cultural, la equidad en el pago y las compensaciones que otorga la ley, el respeto a la propiedad al margen de abusos y atropellos, son condiciones elementales, en conjunto, de paz productiva y estabilidad en las empresas privadas y en las paraestatales que aún sobreviven. Mineros y electricistas hacen recordar que los artículos 123 y 127 tienen validez, a pesar de su cuestionada y malentendida eficacia.
