Queda
para la historia del país lo que en sus inicios fue motivo de mera cronología.
La Megamarcha del Sur de Sonora en Ciudad Obregón ha logrado, con creces, las metas
y los objetivos previamente establecidos. Tiempo al tiempo.
Coincidió,
en efecto, con otras movilizaciones para denunciar los cruentos sucesos
ocurridos en los Estados de México y de Guerrero. La protesta en Ciudad Obregón
registra ecos que, sin duda, tienen particular sentido en la conciencia
nacional y en el seno de organismos internacionales.
En
Sonora, la marcha por el retorno al Estado de Derecho, la defensa de los
derechos del agua por parte de ejidatarios, miembros de la Tribu Yaqui,
ciudadanos empresarios y agricultores es, quizá, una de las más impresionantes
expresiones colectivas, incluyendo reclamos al gobierno federal, cuyo titular
por cierto acaba de refrendar su credo democrático en el sentido de reintegrar al
Pacto Federal su carácter de vínculo y unidad, su primacía de órgano vital a
través del cual toman vida los órganos que lo constituyen: Estados y Municipios.
No
hay, no debe haber, vacíos de autoridad. No hay, no debe haber regencias ni
virreinatos en una organización política y social en la que imperanlos
principios de constitucionalidad y legalidad.
No
más tolerancia a la intolerancia y no más imperio de impunidad. No más
condescendencia ante los desmanes de autoridad. No más acoso y represión a los
yoremes de la Tribu Yaqui. Fin a la conducta ilícita de jueces venales (no
penales) que violan derechos y domicilios y encarcelan a líderes y dirigentes
de la comunidad yaqui, ignorando leyes y convenciones, “los usos y costumbres”
vigentes, asimismo, en la Entidad.
No,
a la enfermedad vuelta crónica con el fin de incurrir en desacato a las
reiteradas resoluciones judiciales del Máximo Tribunal del país, la SCJN, por
parte del titular del Ejecutivo de Sonora y empleados secundarios. No, a los
actos criminales de dueños de empresas, empleados del Grupo México en Cananea,
capaces y predispuestos a envenenar ríos, cuencas hídricas y a decenas de miles
de indefensos pobladores.
No
al encarcelamiento arbitrario de líderes yoremes, Mario Luna y otros más, exigen legisladores sonorenses en el Congreso
de la Unión entre los que destacan los senadores Gándara y Pavlovich, así como
diputados federales encabezados por el legislador cajemense Faustino Félix
Chávez y por el diputado local Abel
Murrieta.
“No
al Novillo”, un rotundo “No” lanza el Presidente Municipal, Rogelio Díaz Brown,
No al “Acueducto Independencia”. “Ni un paso atrás”, exclama voz en alto. No
más aprehensiones fuera de la ley, había dicho poco antes.
Rosas López, honorable
ex presidente municipal de Cajeme; Tomás Rojo, connotado
líder
yaqui, dirigentes de ejidos y de consorcios empresariales, todos, a una sola
voz, hicieron estremecer los aires en el día 10 de este mes, atestiguando el
reclamo de eficacia y justicia jurídica y eficacia de la Carta Magna. Tal fue
el coro de expresiones, el conjunto de imágenes en pancartas y en el haz de
voluntades unidas entre sí.
Queda
en el Congreso Estatal asumir sus funciones para restablecer la legalidad y
constitucionalidad del Poder Ejecutivo en la Entidad. Queda en la SCJN ejercer
sus atribuciones ante el actual “vacío” de poder convertido en precipicio en el
que pudieran naufragar los poderes públicos. Queda en sus manos resolver,
emitiendo su resolución al efecto, si en
México los ciudadanos vivimos en un
Estado de Derecho, si compartimos un Estado autocrático (arbitrario) de
Derecho. O, en definitiva, si no es sólo ficción seguir refiriéndonos a la
Nación como una Nación de Leyes y no de temperamentos. Como sostuvo, en su
momento, el Presidente Plutarco Elías Calles, digno Primer Mandatario de
México.
