Ciudadanos de
segunda y de tercera son los normalistas de Guerrero, los indígenas de
Chihuahua y de Sonora, y los desamparados
ejidatarios. Han sido, y por lo visto seguirán siendo, los marginados en
permanente acoso por motivos económicos, raciales y políticos.
Los
primeros forman parte de la “clase” estudiantil contestataria del país a la que
se asocian epítetos de irresponsabilidad, de nulos rendimientos y hasta de
parásitos onerosos para el erario nacional. Los segundos son dramático ejemplo
por la suma y multiplicación de abusos y latrocinio en su contra, a cargo de
funcionarios deshonestos, y por temidos hacendados modernos en alianza con la
criminalidad.
Mexicanos
en calidad de apátridas son, asimismo, los más pobres entre los desheredados,
los comuneros y trabajadores de la tierra que sobreviven milagrosamente a
expensas de la explotación, el hambre y el hurto.
El
ultimátum de la Tribu Yaqui es, sin duda, clamor a todos los vientos de la
tolerancia, apatía y complicidad por una comunidad abandonada a sus atroces y
ancestrales adversarios: los nuevos dueños, nacionales y extranjeros, de
tierras y del subsuelo mexicano, amparados en densa impunidad por la
ilegalidad, el contubernio y la corrupción de la justicia.
A
la letra, el ultimátum advierte: “…No nos vamos a quedar con los brazos
cruzados. Hacemos un llamado al Gobierno Federal para que no pase algo más
drástico. ¿Quieren que suceda algo, que nos levantemos en armas o que tomemos
otras medidas que también podemos hacer?"
Concluye
lacónicamente el Manifiesto: El Gobierno Federal tiene la palabra.
A
partir de ahora, los Poderes de la Federación no tendrán excusa alguna o
justificación para hacerse ciegos y sordos, al igual que lo hacen instancias de la localidad, a la
cabeza el Ejecutivo, el insensible y aprendiz de político, émulo del depuesto
gobernador de Guerrero.
Los
líderes de la Tribu toman la vanguardia en esta guerra defensiva, con temeridad
y acostumbrada reciedumbre y valor a
toda prueba. De acuerdo con la premisa de “Vivir o morir” aseguran, con
resolución heroica, que ya no habrá más tolerancia disfrazada de tregua.
Ellos
han soportado todo: atropellos del mandatario, quien a su antojo decidió la
construcción del Acueducto, incumpliendo disposiciones de PROFEPA, SEMARPA y de CONAGUA. Además ignoró,
soberbiamente, el Manifiesto de Impacto Ambiental. Han resistido la invasión de
sus propiedades, tolerada y amparada por instancias obligadas a respetar la
seguridad de los pobladores y productores; irresponsabilidades de los órganos
tutelares de la salud, el empleo y el bienestar.
Se
entiende, así, la perentoria declaración de la dirigencia yaqui a la luz del
cansancio que ya hizo crisis, por la confabulación de funcionarios de justicia,
lo mismo locales que federales, con propietarios del poder político y económico.
Todo esto aunado a los embates de la miseria originada por las injusticias
aludidas, agudizada por el sombrío panorama en el corto plazo prevista por la
depredación ambiental, la contaminación de cuencas hídricas, la retención de
recursos que derivan en desempleo, pobreza y enfermedad.
La
declaración es advertencia a tiempo para quienes tienen la última palabra.
Ha
pasado el turno para la SCJN, cuyas resoluciones carecen de eficacia. Ejemplo:
la prórroga a la CONAGUA. Han sido rebasados los despachos en cuyas manos, por
largos cinco años, estuvo la resolución de graves atropellos de la autoridad. Y
qué decir de los titulares de órganos cuya negligencia contribuye a que el
odio, la venganza y el exterminio estén a punto de convertir al pacífico,
laborioso y otrora Estado granjero de México, en un nuevo estallido cruento
causado por la impunidad. Los resabios, bien lo sabemos, se vuelven gigantesca
hoguera que nada ni nadie es capaz de contener.
