José
Narro Robles, rector de nuestra máxima casa de estudios, es autor de la certera admonición. En efecto,
tras el crimen colectivo por la policía de Iguala y la matanza igualmente atroz
en Tlatlaya, Estado de México, a manos de militares, México es otro. Michoacán
y Oaxaca lo habían mutilado con anterioridad. En el Estado de Sonora, el
gobierno estatal en turno minaba, por todos los medios a su alcance, los
cimientos del Pacto Federal.
Lo
de Guerrero y Edomex ha sido la escena final de un drama en el que la
impunidad, la ineficacia de los órganos y organismos tutelares, se enseñorean
en medio del paroxismo de la impunidad, dejando a la suerte de la indefensión a
toda una sociedad atónita y confundida.
Dice
una gran verdad, inobjetable, el rector universitario. Describe lo dicho con
suma objetividad. Nuestro país deja, por lo pronto, de tener prestancia en el
concierto internacional, en foros ecuménicos en donde la agenda de los Derechos
Humanos es asunto primordial.
A
medio siglo de la matanza de Tlatelolco, el flagelo de la represión se pone a
la orden del día. Con palabras del doctor Narro Robles, hay huellas imborrables
de inconformidad e indignación por los asesinatos, desapariciones, lesionados y
afectación de derechos. Y todo esto perpetrado, añade, desde las estructuras
que debieran ofrecer garantías de seguridad a la población.
Habla
quien al frente de la institución está investido de la representatividad como cabeza
pensante de la Nación, espacio de la inteligencia como símbolo de la suprema
finalidad en cuanto a formar humanistas y hombres de ciencia, así como
ciudadanos ejemplares para un idóneo servicio público y social.
Convoca
el rector a los universitarios de buena cepa, a los estudiosos y docentes en
ciencias sociales; es decir, llama a politólogos, a sociólogos, juristas,
expertos en comunicación y relaciones institucionales, con el propósito de que
contribuyan en el planteamiento y la resolución de la crisis actual. Les pide
que hagan oír propuestas viables y previsoras para evitar que los malos
funcionarios incurran en decisiones irresponsables por omisión, ignorancia o
liviandad.
En
suma, solicita de la comunidad universitaria que asuma sus funciones de
asesoría, de información especializada, de consejo y orientación. Más aún, y
hasta donde le sea permitido, que ponga al alcance de políticos en activo, de
administrativistas y funcionarios, su saber teórico, sin vanas presunciones.
Haga oferta de su visión cultivada en el análisis y el conocimiento de
fenómenos que, dejados al abandono oficial y bajo control de la criminalidad,
son origen de nuestros males presentes de corrupción, abusos de poder y de cínico contubernio.
Después
de los cruentos embates de la criminalidad imbricada, México ya no es el mismo.
Sin
embargo, nada impide que, en vez de ir hacia los precipicios, tomemos alas para
ir hacia mejores y renovados parajes y tras de nobles horizontes. Nada obliga a
que las instituciones que lo configuran, las leyes que lo sustentan, los
ciudadanos que le dan vida y los estadistas en turno se vuelvan presa de la
indignidad hoy reinante, víctimas de la inacción abrumadora que sirve de pasto
a mafias, cárteles y encubiertos facinerosos.
No
está solo el Presidente de la República en esta brutal embestida. No están
dejados a su suerte los titulares de Seguridad, Educación, Procuración de
Justicia; en fin del Trabajo y la Salud. Universidades, Tecnológicos,
Politécnicos, Escuelas Normales, públicas y privadas, tienen mucho que ofrecer
en estas horas sombrías en las que el poder político necesita de la presencia
de consultores, expertos y científicos de la sociedad.
La
Universidad Nacional, con arreglo a sus deberes establecidos, da un valioso y
valeroso paso al frente.
