Por
enésima ocasión, empresas mineras, la mayoría de origen extranjero, causan ostensibles
daños patrimoniales y atroces deterioros ambientales, con impresionante lujo de
impunidad. Al igual que hace más de un siglo, hacen del territorio nacional
suelo propicio y propio para el saqueo de riquezas que anidan en el subsuelo nacional.
En
Sonora, lo mismo que Chihuahua, San Luis Potosí, y en diversas localidades de
Durango, Baja California; Guerrero y en el Estado de Oaxaca, el despojo de
metales lo ejecutan anónimos criminales de cuello blanco, quienes son
usufructuarios por partida doble, asimismo, del llamado oro negro: del petróleo
y sus derivados.
El
derrame de sustancias tóxicas en el cauce del río Sonora, con todo y sus
consecuencias, tangibles unas, otras en espera de rigurosa evaluación técnica,
da margen a diversas hipótesis que van desde la que señala la cínica actitud de
los interventores con patente de Corzo, hasta llegar a la presunción de que los destrozos
ocasionados en vidas humanas y en el agro pudieron haber sido provocados, desde
la sombra, por manos siniestras en contra del Estado mexicano.
Procaz
en el amplio sentido del término, el terrorismo está a la orden del día y
galopa incesante desde el Este europeo hasta el Medio Oriente pasando por el vecino país en donde la discriminación
trata de ocultar su verdadera intencionalidad.
Sutil,
otras veces, asoma en forma de intervencionismo –declarado o no-, con el objeto
de intimidar a jefes de Gobierno, amenazándolos, y para inhibir sus proyectos
de reformas progresistas y modernizadoras.
En
el Sur de Sonora, los pueblos de la etnia yaqui sufren la peor embestida de su
ya larga historia plagada de abusos, atropellos y persecuciones, con el
siniestro objetivo de arrebatarles, para empezar, sus tierras y sus recursos
acuíferos. A su modo de ver, el fin final es doblegarlos por medio de la
extorsión hasta lograr el exterminio como meta última.
Ahí
sus líderes son colocados en la mira del acoso oficial y sus consejeros
exhibidos como abogados del diablo, mientras que los humildes ejidatarios y
pequeños productores padecen el infortunio de la marginación en todos los
rubros del bienestar. Son los parias que, dentro de su propia demarcación, resultan
víctimas de la insalubridad, de la ignorancia proverbial y del pleno desempleo.
Una
vez tras otra, los pobladores más pobres de la Entidad, las etnias que van en
el cabús del subdesarrollo: yaquis, mayos y guarajíos; pimas, así como
rarámuris y tarahumaras en el Estado Chihuahua, son motivo de robo declarado y de
la devastación en sus propiedades, a gran escala y en plena luz del día, sin
que las autoridades estatales y los organismos federales hagan lo que deben hacer,
a riesgo de que sean denunciados públicamente en calidad de aliados y como
presuntos coautores de las agresiones, cuando no implicados en delitos de
contubernio y perversidad.
Desde
el Congreso Federal se oyen voces que
exigen el cierre inmediato de la Minera México, y con las pruebas de rigor
demandan imputarle responsabilidad directa del desastre actual en los municipios
afectados por los derrames tóxicos. El ¡Ya basta! adquiere, día, a día, acentos
de protesta colectiva, con barruntos de rebelión. Rondan por varios lados los
demonios del terrorismo bajo el manto de la provocación contra los afanes
modernizadores del Estado.
Al
término de las reformas del Estado, lo menos que podían hacer las
organizaciones ciudadanas y los partidos políticos que abanderan la
modernización de la Nación, es hacer de
las innovaciones constitucionales recientemente decretadas una especia de cerco
inexpugnable, y blindar la investidura presidencial con el fin de impedir que
los especuladores de afuera y del interior de la República logren sus torvas
intenciones.
