Lo
que no logró el subcomandante Marcos hace 20 años y tampoco a la fecha el
belicoso Andrés Manuel López Amador, a pesar de sus fogosa retórica en favor de
los pobres, lo están alcanzando los tenaces e indoblegables líderes de la Tribu
Yaqui: unir a todas las etnias, y a gran parte de la población, en torno a la defensa
de garantías y derechos irrenunciables.
La caravana de los pueblos yaquis llega al
Distrito Federal tras una penosa travesía de más de mil kilómetros, abanderando
su causa con el aval de la justicia jurídica y el consenso de la sociedad de la
que forman parte.
En
las primeras horas de este día asisten a una reunión extraordinario en las oficinas del titular de SEMARNAT, Juan
José Guerra, de la cual esperan salir con
la frente en alto en señal de haber llevado a feliz término su inconformidad,
con arreglo a lo supremos mandatos de la Constitución.
Testigo
de calidad en el cónclave es el alcalde de Cajeme, Rogelio Díaz Brown, ponderado baluarte, defensa incólume de
productores, ejidatarios y pobladores yaquis. Su desempeño al lado de la Tribu
en el escabroso asunto, es mucho más que
un gesto de buena voluntad: expresa un modo institucional de gobernar, cuyo estilo
nos hace pensar al “El Príncipe” de Nicolás Maquiavelo, en el capítulo “De qué
manera los príncipes deben guardar la fe dada”.
El
munícipe se comprometió, al recibir su actual responsabilidad política, ofreciendo
cumplir la Ley y asegurando hacerla cumplir, juramento que obliga a todo
mandatario en un régimen formalmente democrático.
Sabía
de antemano que el gobernante, siguiendo al florentino, está facultado a
combatir, en primer término, con las leyes y que sólo en ciertos casos le
conviene recurrir a la fuerza. Sabía, así, que en todo caso la fuerza de que se
trata es la fuerza de la normatividad jurídica, misma que deriva de un Estado
de Derecho entendido a la luz del principio de la constitucionalidad de la
legislación y de la legalidad de su ejecución.
Justicia y administración, vinculadas así en forma indisoluble.
A
lo largo del conflicto a punto de fragmentar al Estado de Sonora como si fueran
dos entidades rivales el asunto del agua fue publicitado a título de razón
suficiente para dividir y enfrentar al Norte contra Sur con la pretensión de
dar la impresión de que unos eran los buenos y otros los malos, Ante el
atropello, el alcalde actuó con la prudencia aconsejable, madurez política y
coherencia ideológica. Asumió su función con dignidad y aplomo, sin quitar el
dedo del renglón en una causa cuyo denominador común era, es y será, sin duda, el
de la integridad soberana de sus gobernados, la seguridad jurídica y pública y
el otorgar respeto irrestricto a la suprema medida de justicia: dar a cada
quien lo suyo.
En
esto, haciendo valer la norma en el sentido de que lo suyo de cada quien es lo
que dictan las leyes y su correspondiente interpretación por los tribunales y
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El
consenso ciudadano ha sido, y es, factor que legitima el reclamo enarbolado por
la Tribu. La digna representación en las Cámaras, asimismo, lo enaltece y
convalida. Adalberto Rosas, ex presidente de Cajeme, simboliza la transparencia
con la que llega a su término la controversia. Y todo indica que si bien la
justicia jurídica, institucional es lenta (a menudo se tiñe de ideología),
llega por fin a su término y último desenlace. Para beneplácito, es cierto, de
unos y para descrédito, sin duda, de los otros.
La
defensa del agua es, en conclusión, la defensa de la tierra y de su eventual
riqueza. Sin aquélla ésta resulta estéril, improductiva, baldía. Sin ésta,
carece de valor en sentido productivo. El otrora granero de México requiere, en
consecuencia, de una y de otra, pero en términos de seguridad pública y privada.
Por partida doble.
