Visto
a distancia, el problema de la afectación sanitaria por el derrame de
sustancias tóxicas en el río Sonora, produce la impresión de estar observando
los sucesos en una especie de kaleidoscopio en donde lo múltiple y heterogéneo
es la única realidad válida.
La
desinformación sigue estando a la orden del día. Hoy la posición empresarial y
las versiones oficiales coinciden, como
si se tratara de una confabulación urdida a última hora. Nada grave ha pasado, y
no hay circunstancias extremas que perseguir. Lo “relevante” está en “dejar
hacer, dejar pasar”, a cambio de que la industria depredadora sostenga la
oferta laboral, a cualquier costo. Las penas pecuniarias no llegan, para
empezar, a los cincuenta millones de pesos. La Secretaría de Economía se ha erigido
en la defensora a ultranza del eufemísticamente llamado “Grupo México”.
Gana
con ventajas la partida, como en el desastre de “Conchos”, la impunidad. La enajenación
del país prevalece sobre los valores de autodeterminación y del espíritu de
salvaguarda de la soberanía nacional,
volviendo a tiempos del libre e irresponsable intervencionismo económico y a la
no muy lejana época del colonialismo político, cultural y tecnológico,
Las
reformas modernizadoras del Presidente Enrique
Peña Nieto están bajo la prueba del asentimiento popular y afrontan el
peor de los embates por parte de la reacción internacional.
Entre
tanto, no faltan, entre sus cercanos consejeros hay quienes lo dejan a la
intemperie de la soledad: en vez de proteger los derechos más elementales de
los mexicanos, las garantías en salud, abasto alimentario, régimen de la
propiedad, otorgando así viabilidad y eficacia a las innovaciones
constitucionales, fabrican aquéllos muros
de incomprensión mediática, alientan la confusión y la incertidumbre,
propiciando vacíos de poder y tolerancia en favor de los salteadores de la
seguridad jurídica y pública del país.
La
desinformación oficial y paraoficial corre a cargo de los “técnicos de
escritorio”, señala el doctor Rodrigo González Enríquez, investigador y
catedrático del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON). Prestigiado experto en
temas de ecología, deterioro ambiental y, en particular, acerca de los procesos
químicos de la desalación del agua de mar, el académico goza de respeto y
credibilidad.
A
pesar de lo que se festina en ciertos medios informativos, el Dr. González
Enríquez precisa que no existe un análisis científico sobre la afectación por
ácido sulfúrico. Es decir, la tortuga de Aquiles (de la burocracia) no alcanza
jamás al encantador Hermes. Y ante la proliferación de las actuales políticas
desinformativas, divulgadas en forma profusa, difusa y confusa, sostiene: hasta
la fecha, las autoridades no han invitado a ninguna autoridad de la región o
del País a realizar un estudio confiable, científicamente comprobable (Tribuna
del Yaqui, 27-08-14). La ausencia dela UNAM y de la UNISON resultan
ostensibles.
Coautor
de obras editadas en España, González Enríquez sale al paso acerca de los dimes
y diretes vertidos en medios impresos y electrónicos de la Entidad y a nivel
nacional. “El gobierno quiere hacer primero un estudio particular para conocer
el problema de forma directa, pero no tienen la capacidad ni de laboratorios ni
de científicos para realizarlas. Los que están dictaminando, afirma, son puros
técnicos de escritorio”. Concluye: “Esto da para pensar en dos cosas, que el
problema no es tan grave como dicen o que el daño es mucho mayor de lo que se
informa”.
Y
esto pasa como antesala del Informe
Presidencial. Cabalga airoso el jinete apocalíptico del descrédito y la desinformación
y se ahonda el divorcio entre política y educación, entre las palabras y los
conceptos; entre lo que se publicita y lo que se lleva a cabo.
