No llega aún a
su término la controversia en la SCJN cuando hay visos de inquietud entre los
pueblos indígenas. Hay más de una razón para ello.
El
Acueducto Independencia es, sin duda, el mayor de los monumentos a la ignominia
que se hayan ideado con la perversa finalidad de provocar a una comunidad de
por sí marginada y en vía de extinción al igual que otras etnias víctimas de
explotación y latrocinio.
El
gasoducto, por otra parte, suscita en estos días el malestar de la Tribu Yaqui,
de sus líderes recientemente excarcelados, aduciendo argumentos similares a los
que enarbolaron hasta hace poco en legítima y honrosa defensa de la tierra, del
agua y de la pavorosa contaminación por parte de industriales irresponsables y
empresas mineras extranjeras. Todas, en conjunto, depredadoras con patente de
inmunidad.
En
torno al gasoducto, por ejemplo, Mario Luna Romero, recientemente ratificado en
su función de vocero de la etnia yaqui, precisa los términos de la
inconformidad de sus representados: ataque, dice, a la integridad del
territorio y ausencia de consulta previa a los pobladores de la comunidad en su
conjunto.
Esta
vez, los beneficiarios no son, en primer término, los receptores anónimos,
amparados por un poder ilegítimo, encubiertos detrás de la demanda apremiante
del insumo, por usuarios de la capital del Estado.
El
vocero yaqui señala el blanco: los posibles gananciosos serían empresarios e
industriales quienes recibirían directamente los beneficios del recurso, esta
vez, el gas, y la energía eléctrica producido en las plantas transformadoras.
Sin
consulta previa la planeación, construcción y funcionamiento del gasoducto en
mucho tiene parecido con la portentosa obra hidráulica polémica aún, con los nefastos
resultados, del dominio público en Sonora y el resto del país.
Pero
la consulta de que se habla ahora no es la organizada con el objeto de
distraer, corromper y enriquecer, de manera ilícita, a los licitadores y a los
inversionistas de cuello blanco confabulados con los detentadores del poder mal habido.
Se
trata de una consulta técnicamente formulada, llevada ante los dirigentes de
los pueblos indígenas y de sus gobernantes en turno, así como presentada en
asambleas populares, de tal manera que nadie se llame a engañado o desinformado
más tarde.
Una
consulta así daría pie a una planeación democrática en el sentido de contar con
el consenso de los pobladores, lo mismo con la asesoría de científicos,
técnicos y académicos como, por ejemplo, el investigador del ITSON, González
Enríquez, autor de la propuesta a fin de construir plantas desaladoras, hoy
asumidas por el nuevo gobierno de Sonora.
No
es el caso de inventar escollos y obstrucciones prematuras al crecimiento y
desarrollo social impulsado por el régimen que cumple apuradamente cuatro
meses.
Mario
Luna reconoce públicamente que Pavlovich Arellano inaugura su mandato con las
mejores buenas intenciones que van de lo político a lo administrativo. Hace la
acotación correspondiente. “Éstas, afirma, deben traducirse en hechos”.
Obras son
amores, no hay duda.
Sin embargo, el
realismo se impone como criterio evaluativo y como programa de gobierno en
donde hay mucho lastre que remover, muchas lacras que subsanar, numerosas lagunas
socioeconómicas que colmar.
Esta
administración ha empeñado su compromiso de enmendar lo mucho que ha quedado
como testimonio de malversación, fraudes a granel, crímenes de lesa humanidad
como la trata de menores amparada en densa impunidad.
Asiste
la razón a los líderes de la Tribu Yaqui al levantar su voz en rebeldía por los
daños y perjuicios perpetrados en su contra. Tienen derechos sobre la tierra,
el agua y el aire que los rodea, de los cuales depende su existencia como seres
humanos.
La
gran oportunidad es poner en balanza los posibles beneficios de la revolución
industrial frente a frente de la depredación ambiental, la contaminación de los
acuíferos y los atracadores con vestimenta de blanca palomas o de indefensas
ovejas.
