Bienvenido lector:

Federico Osorio Altúzar ha sido profesor de Filosofía en la UNAM y en la ENP (1964-1996) y Editor de la Gaceta de la ENP desde 2004.
Durante 15 años fue editorialista y articulista en el periódico NOVEDADES.
Es maestro en Filosofía. Tiene cursos de Inglés, Francés, Griego y Alemán.
Ha publicado en Novedades, el Heraldo de Chihuahua, El Sol de Cuervanaca, el Sol de Cuautla, Tribuna de Tlalpan, Tribuna del Yaqui, Despertar de Oaxaca y actualmente colabora en la versión en Línea de la Organización Editorial Mexicana (OEM).







jueves, 7 de enero de 2016

¿AVAL AL ACUEDUCTO? ¿Y LA GARANTÍA DE AUDIENCIA?



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Confusa, profusa y difusa es la nota informativa del diario “La Jornada” relativa al proyecto del ministro de la SCJN, Jorge Pardo Rebolledo, sobre el tema del Acueducto Independencia.
En el cintillo se alude a que el susodicho proyecto valida facultades de CONAGUA para la mencionada obra. Por otra, la cabeza expresa: “Preparan ministros aval al acueducto Independencia que impugnan los yaquis”.
El tema, ciertamente, data de años atrás. Amerita, por tanto, darle cuerpo de memoria histórica. Tiene origen desde 2010. Ha sido y es objeto de una controversia cuya resolución tiene aún mucho qué decir.
No es asunto que amerite carpetazo, como popularmente se dice sobre aquellos asuntos que los intereses de grupo y la política suelen cancelar, con el visto bueno de instituciones responsables para dictaminar justicia.
Este, el del Acueducto Independencia, tiene tras de sí larga secuencia en donde tienen que ver abusos de poder, atropello a los derechos de usuarios, licitaciones que encierran presuntos contubernios y oscuras alianzas desde el poder. Etcétera.
Los más recientes actos para subsanar efectos diversos, asumidos por la actual administración estatal, son de carácter remedial. No llegan al fondo de la controversia.
En pocas palabras, son actos del  Poder Ejecutivo Estatal, no del Judicial de la Federación.
El proyecto del ministro Rebolledo valida facultades de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Ordena dar trámite a las peticiones de audiencia de los demandantes. Propone amparar a los quejosos. En modo alguno, se infiere que justifique y en tal virtud que ampare actos en perjuicio de los inconformes.
Están de por medio, asimismo, sentencias tras sentencias en favor de los demandantes.
El proyecto es puntual acerca de la posibilidad que entrañan los diferendos entre usuarios agrícolas y organizaciones de la sociedad. Implica el criterio de que “tendrán prioridad el uso doméstico y el público urbano”.
Se descuenta el dato, no obstante, de que hay el proyecto de instalar plantas desaladoras con el objeto de resolver la demanda del recurso hídrico. La de Guaymas, para empezar.
No faltarán voces delirantes con acentuaciones persuasivas tendentes a justificar la planeación y puesta en servicio de la portentosa obra, con motivo del proyecto en ciernes.
Cabe advertir que está de por medio, en el citado proyecto, la salvaguarda del derecho de los demandantes. De entrada, se indica la “oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que finquen su defensa y la oportunidad de alegar”.
Por cierto, no son únicamente las comunidades indígenas (la Tribu Yaqui) quienes han levantado su voz en protesta por las violaciones de acuerdos y decretos acerca del uso y usufructo del agua. Y por su trasvase. Han sido líderes de la Tribu quienes han actuado, al amparo del Derecho a la Rebelión, frente a las decisiones unilaterales de un gobierno arbitrario (el encabezado por el exgobernador Padrés Elías). Pero no son los únicos que han suscrito las controversias, en espera de puntual respuesta.
Está involucrado el Movimiento Ciudadano en Defensa del Agua, por caso, cuyos dirigentes sin duda harán acto de presencia ante el proyecto que en breve atenderá la Primera Sala de la SCJN. 
Puede decirse que, finalmente, hay luces al final del túnel después de cinco años de infructuosa espera.
Los Acuerdos de Vícam, se espera, no han de quedar en mero señuelo político, a fin de crear ilusorias esperanzas.
La instauración del Estado Democrático de Derecho en Sonora tiene mucho que ver con el traído y llevado asunto del Acueducto Independencia. Podrá decirse que es el Talón de Aquiles de la nueva administración política y, acaso, la prueba principal tras la cual, Claudia Pavlovich Arellano dará certeza y credibilidad en sus motivadores proyecto de crecimiento económico y desarrollo para el bienestar social en toda la Entidad.

“Si es dable”, habrá reparación de los daños y perjuicios a los presuntos inconformes. “Si es dable”, habrá confianza en las propuestas de que sí habrá agua suficiente para todos: consumidores domésticos y urbanos; productores solventes y modestos agricultores. Todo en paz y en armonía.