A
la pregunta de quién será vigía de los veladores por la seguridad pública, dicha respuesta estará en manos del
Poder Legislativo de la Federación.
En
CONAGO, el tema de la inseguridad fue motivo principal en la reunión a la que
asistió el titular de Gobernación en
calidad de invitado de honor por parte de los ejecutivos de los Estados.
En
su intervención Claudia Pavlovich Arellano (Sonora) propuso el sentir general
de los mandatarios: elevar a jerarquía constitucional la función de garantizar
la seguridad pública a través de una Policía Estatal Única, respetando la
autonomía de las entidades y los municipios en la referida materia.
Los
términos, extensión y límites jurisdiccionales, serán debatidos y en su caso
aprobados en el Congreso.
Respetuoso
del Pacto Federal, el proyecto fortalece la noción de coordinación más que el
ambiguo esquema de la división y mucho menos el de separación de poderes,
evitando anular las facultades comprendidas en el concepto de autonomía
municipal y confirmando el de unidad suprema, sin caer en la práctica de la
dispersión y pulverización de responsabilidades en los mandos policiales.
La
seguridad pública, lo mismo que la seguridad jurídica, son una y la misma en
tanto garantía para la convivencia en paz y armonía. Sin desconocer las
peculiaridades de cada Entidad o Municipio, sin poner de lado las necesidades
específicas de las diversas regiones y, por lo tanto, de sus pobladores, cabe
reconocer la necesidad y premura de contar con un Mando Único como el propuesto
por la Comisión de Seguridad y Justicia de la CONAGO.
Una
sociedad enferma, invadida por bacterias de difícil erradicación es la nuestra.
Hay la amenaza de ser víctima de quién sabe qué mal capaz de abatir o
erosionarla despojándola de sus energías y disposiciones creadoras.
El Mando Único
Policial, cuyo nombre por cierto está por precisarse, se concibe como un
antídoto eficaz con el propósito de dar fin a las acciones criminales
predispuestas a convertir al país en traspatio del vicio, del trasiego de
drogas, de la corrupción privada y
oficial, del lavado de dinero.
Bajo
las armas propias del contubernio y la impunidad hemos sido llevados al
precipicio de la ilegalidad y al tráfico de intereses y de influencias, del que
sólo gracias a un retorno al Estado Democrático de Derecho, no al régimen de
intolerancia y arbitrariedad, será posible recobrar la certidumbre, la
confiabilidad en las instituciones y el goce de las libertades en toda su
amplitud.
La
idea de municipio como un santuario intocable, como si fuese el “mana” que
tiene de forma ínsita, intrínseca, todo el mal y todo el bien, requiere ser
examinada, debatida y colocada en la perspectiva de un federalismo moderno,
vivificante y transmisor de renovada fuerza y de vigor reconstructivo a la
medida de los tiempos que corren.
Así
como la democracia es una afirmación del valor y la dignidad de la personalidad
individual también en la figura del municipio se identifican cualidades como la
de ser célula constitutiva, originaria, del Pacto en el conjunto de
instituciones sociales, educativas, económicas y políticas.
La
idea de un Mando Único en cuya estructura los cuerpos policiales de los
municipios pasen a ser “guardias administrativas”, abre la posibilidad de que
se otorgue, al fin de cuentas, a las zonas marginadas, los enclaves incomunicados
por la falta de caminos transitables, ausencia de redes telefónicas y señal
inalámbrica, un mínimo de condiciones para la seguridad, la cual, a la fecha, se
encuentra plenamente abandonada y en manos de los criminales de toda laya:
ladrones de domicilios y asaltantes que medran
con lujo de impunidad, como si portaran patentes de inmunidad.
La
“epidemia de desapariciones”, sobre la
que alerta Amnistía Internacional, incide en esta crucial etapa de inseguridad
creciente que se abate sobre nuestra Patria. No obstante, por fin hay signos
positivos en este horizonte de amenazadoras adversidades.
