Los
sindicatos universitarios, rectores y directivos de instituciones públicas de
enseñanza superior, están pisando el umbral de una gran negociación. Desde
1980, casi treinta cinco años después de haberse consagrado su autonomía en
letras de la Suprema Ley, unos y otros ponen
a prueba su capacidad, talento, disposición y la mejor voluntad, a fin de
dirimir y resolver, por la vía del acuerdo, sus respectivas propuestas, sin
demérito de sus derechos y obligaciones, compromisos y deberes.
Universitarios,
politécnicos, normalistas son por igual los empleados administrativos como los docentes,
los investigadores y los profesionales de la comunicación cultural, quienes
hacen posible la extensión del saber académico extramuros, en beneficio de la
sociedad.
La
indistinción de clase no cabe en el seno de los planteles educativos. Es decir,
no hay algo que justifique una especie de lucha de clases en lo referente a las
relaciones laborales. No hay una jerarquía entre jefes y servidores, patrones y
trabajadores asalariados.
Y
no es cuestión de ignorar que hay diferencias y fronteras entre unas y otras funciones a
cargo de académicos y empleados administrativos. Pero esto es mero asunto de la
división del trabajo. Y nada más. Y éstas diferencias se diluyen en la medida que se coloca en la balanza de
las justipreciaciones la convicción de que se labora y trabaja cotidianamente
en aras de valores educativos, lo cual es obra común a todos y para todos. Así,
la información y la formación de ciudadanos, el cultivo de alumnos a fin de que
egresen con vocación de servicio sin ver abismos y brechas sociales por
cuestiones económicas o étnicas. De ahí la noción de comunidad.
Los
empleados sindicalizados son apoyo y respaldo de la actividad docente, de las
labores de investigación y copartícipes
en la expansión de la enseñanza de los académicos. Hijos de aquéllos y de éstos
ingresan y egresan, llevando consigo el
sello que identifica a quienes contribuyen en una causa común, generosa,
caracterizada por el ideal de servicio más que por el objetivo de la utilidad o
el beneficio personal.
Y
no habría que esperar un drástico desenlace: el abandono de la mesa de la
negociación cuando, habiendo términos para el acuerdo y disposiciones legales y
administrativas, se pretena saltar sobre la propia sombra. O sea, llegar a
extremos como el cierre del diálogo y la negociación.
El
caso de la Universidad Autónoma de Zacatecas que fue a la quiebra económica por
un conflicto laboral, no tiene por qué repetirse. Menos multiplicarse.
Sin
tener la vara mágica en sus manos, el rector del ITSON, Dr. Isidro Cruz Medina,
pone el punto donde ha de ir. Convoca a la comunidad, administrativos y
académicos, con el fin de llevar a cabo un análisis responsable en torno a las
recientes disposiciones emanadas de la dependencia federal (Ley de Contabilidad
Gubernamental), que establece el criterio de no hacer transferencia de
partidas. En otras palabras, no cercenar el presupuesto para la investigación,
la docencia o de la extensión universitaria, con el propósito, loable sin duda,
de cubrir demandas salariales consideradas justas para el bienestar de las
familias. Y viceversa.
Los
tiempos que corren no son propicios para convertir la mesa de la negociación en
escenario donde las diferencias son llevadas a enfrentamiento y a conflicto.
Y
no habría que olvidar que los planteles de enseñanza tecnológica y de
profesiones llamadas liberales han de abandonar como procedimiento, de una vez
por todas, el ensayo de la lucha de clases, la práctica de la guerra de todos
contra todos.
La
autonomía universitaria, la autonomía en el manejo del presupuesto, se ejerce con
plena libertad, a condición de que se lleve a efecto bajo el primado de la
responsabilidad.
