Todo
apunta a que en la Entidad norteña de Sonora resplandece, al final del largo
túnel, el Estado de Derecho. Atrás va
quedando el imperio de la impunidad sobre el dominio de las leyes. Gana el
principio de la legalidad y se anticipa la derrota total del más fuerte,
entendiendo a éste como aquel que trata
de imponer su voluntad personal o la del gremio que representa en agravio de
quienes, por ese hecho, se convertirían en vasallos o servidores del poderoso.
En ejercicio de
sus atribuciones, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) impone
multas sucesivamente al propietario del rancho “Pozo Nuevo” el que, hasta donde
se sabe, es propiedad, ni más ni menos que del titular del Ejecutivo Estatal.
Los
usuarios del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), con explicable júbilo,
piden voz en cuello que el ahora conminado a pagar la sanción aludida lo haga
en tiempo y forma, según se sigue de la norma punitiva en el sentido de si es A
debe ser, ineludiblemente, B.
En
otras palabras: no hay ilícito sin consecuencia; es decir, no hay, no debe
haberlo, delito sin castigo. Lo contrario sería el reinado de la impunidad, la
victoria del imperio de la injusticia y el predominio de la ley del más fuerte
en donde el monstruo del Leviatán lo devora y lo destruye todo.
Desde
hace poco más de dos años prevalece en Sonora (aunque no sólo en la Entidad
norteña) el terrorismo de Estado bajo la modalidad de anarquía que no es sino vacío
de legalidad. Se suprimió de manera flagrante el derecho de audiencia,
violentándose las más elementales garantías de las minorías y se suplantó el
derecho de productores, empresarios y ciudadanos por la vía fuerza, sin que las
más altas instancias políticas y jurídicas hicieran valer su autoridad y
detuvieran el más alevoso y ventajoso asalto a la razón y al Estado de Derecho.
Sin
mediar protocolo alguno, sin el menor asomo de mesura, se dio por cumplidas y
satisfechas las reglamentaciones de rigor (en el caso de SEMARNAT y CONAGUA),
con el propósito de construir una obra hidráulica de vastas dimensiones que
llevaría agua del sur del Estado al norte de la Entidad.
El fin justificaba los medios, pues el criterio
era uno y el mismo que se arguye ahora: dar el vital insumo a casi un millón de
personas que viven en la capital de la Entidad. Así, suplantando garantías y
derechos dio inicio al Acueducto Independencia el cual su mecenas y protector,
el entonces Ejecutivo Federal, Felipe Calderón, inauguraría, al margen de toda
autorización legítima, para envilecimiento de la investidura presidencial.
Vestido
en ropas de “buen samaritano”, Padrés Elías, embargado por hacer el bien sin
importar a quién, hizo lo que el héroe popular que quitaba a los ricos para
darlo a los pobre. Pero al revés.
Despojó
con lujo de cinismo a los legítimos dueños del
recurso hídrico y ofreció darlo a quienes, en efecto, lo requieren.
Aunque, saltando sobre la sombra de la ilegalidad y con lujo de atropellos a
personas que les dio trato de mexicanos
de tercera o de quinta categoría: a los indios de la Tribu Yaqui.
No
sólo eso. Padrés Elías construía, entretanto, un emporio en el rancho de su
propiedad, usurpando el agua que hacía falta en hogares hermosillenses,
hurtándolo a ejidatarios y pobladores humildes en los municipios de Cajeme y de
Guaymas.
Si
la lógica jurídica sigue su curso, el ahora mandatario en apuros, Guillermo
Padrés Elías, colocado en la silla de los acusados, tiene ante sí un verdadero
callejón al parecer sin salida: si paga las multas, se declara culpable. De no
pagarla, se convierte en fugitivo de la Ley.
Y no hay, al
parecer, salida ante el crucial dilema.
Además, ¿Qué
pasará ahora con los ilícitos que rodean el Acueducto?
Y con el reclamo
de: ¿Ahora o nunca, señor Presidente?
