La
reunión en Hermosillo entre el titular de Gobernación y mandatarios del norte
del país deja más preguntas que respuestas, más hipótesis que conclusiones y
más inquietudes que certezas.
El
tema del agua, por ejemplo, apenas si fue motivo de comentarios marginales por
el responsable de la convivencia en el país. Sin embargo, es asunto de grandes expectativas
no sólo en la Entidad sino en todos los estados concurrentes al cónclave.
Trasciende a los estados fronterizos con el vecino país del norte y a lo largo
de la línea divisoria en donde viven más de 10 millones de personas. Las
disputas por el vital líquido están a la orden del día.
En
el sur de Sonora, los productores agrícolas quieren saber acerca de lo que pueden
esperar de la controversia en torno al Acueducto Independencia después
de las resoluciones y sentencias judiciales, de los reiterados acuerdos
con la Secretaría de Gobernación y,
finalmente, qué habría que entender por seguridad si, previamente, no se ha
convalidado el multicitado Estado de Derecho. Qué, en consecuencia, significa
vivir y convivir en un Estado democrático de leyes.
Tomás
Rojo Valencia, vocero de la Tribu Yaqui, pone el dedo donde debe ir: ¿Es legal
el trasvase de agua al margen del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA)? Así, convertidas
sus palabras en pregunta: ¿puede hablarse de igualdad ante le ley si aún prevalece
la discriminación, el menosprecio y el desdén hacia los pobres, hacia los
humildes indígenas en cuanto a que no fueron consultados, con objetiva oportunidad,
por dependencias del Ejecutivo Federal, entre otras SEMARNAT o PROFEPA?
Y
¿qué valor tienen entonces pronunciamientos sobre acato a las leyes ,con la
finalidad de resolver y finiquitar los conflictos?
El
comunicador de los pueblos indígenas afirma que las declaraciones del
secretario Osorio Chong. son
“declaraciones confusas”. Y habría que reconocer que no sólo son
confusas; también son profusas y difusas. El funcionario se refirió al
beneplácito de una zona poblacional que requiere de agua; y con acento
indefinido afirmó que el Gobierno federal “validará para que no se tenga
inconformidad… Y que no se tenga, agregó, un conflicto para ayudar a unos, pero
para afectar a otros”. Sobra, por lo visto, comentario alguno.
Adalberto
Rosas López, ex Presidente Municipal de Cajeme, refrenda la exigencia de que se
haga lo pertinente “para que las instancias federales cumplan sus
responsabilidades en el propósito de que Sonora regrese al Estado de Derecho.”
Y en forma admonitoria afirmó que, de lo contrario, estas reuniones no pasarían
de ser “encuentros protocolarios”.
El
tema del agua, en efecto, está implicado, quiérase o no, en la agenda del
gobierno. Desde un punto de vista negativo ofrece problemas que, día a día, se
aproximan al conflicto más allá de la protesta pacífica, de la manifestación de
inconformidad con base en el derecho a la rebelión de que hablaba John Locke.
Es motivo de reclamo por el camino de la ley y exigencia ciudadana de legalidad
y constitucionalidad.
Desde
un punto de vista positivo, el agua y su consiguiente regulación por el método
del acuerdo, la normatividad, la participación y el consenso es, y puede ser,
motivación para la superación de diferencias y enconos, incluyendo pretensiones
y aspiraciones políticas. Asimismo, el uso y usufructo del vital líquido da pie
a fin de que en Sonora, para empezar, se formalice una política de planeación con
gran alcance en la que tomen parte todos los sectores directamente involucrados
y aquellos que, de una u otra forma, resultarían beneficiados o perjudicados.
Por supuesto, por encima de intereses egoístas, de avideces propagandísticas y
de lucha por el mejor pesebre.
