El
agua y el aire, el suelo y el subsuelo, son patrimonio que no merecen dilapidarse
como si fuesen reparables a voluntad, en cualquier momento y sin costo
alguno. Hay leyes que tutelan su
usufructo, y hay disposiciones jurídicas que regulan los títulos de propiedad
de predios y posesiones en comunidades urbanas y del campo.
El
subsuelo, sabemos, es propiedad de la Nación. Y corresponde a la Federación, a los
Estados y Municipios velar por su integridad, preservándolo en calidad de pertenencia
pública. Es patrimonio para el máximo bienestar de la población, a cuyo efecto las
autoridades tienen el deber de mantener el medio ambiente sin deterioro y evitar consecuencias lesivas, por caso,
derivadas del cambio climático y de prácticas impremeditadas.
La
reunión de autoridades de Cajeme, sectores productivos y de la Tribu Yaqui con
la empresa IENOVA, promotora del Gasoducto Sonora, es antecedente sobre cómo
actuar, y como no hacerlo, frente a proyectos en los que se plantea la ejecución de obras que sugieren
ventajas económicas, así como de orden competitivo en turismo, construcción y
desarrollo industrial.
Se
trata, así, de un paradigma a seguir en cuanto a efectuar, con suficiente antelación,
consultas entre la sociedad civil, productores y con autoridades de la
jurisdicción; es modelo para difundir información sobre el proyecto: es método
para dar a conocer datos confiables y para comunicar a la sociedad lo relativo
a expectativas laborales, de empleo y de beneficios redituables para los
potenciales usuarios. Nada quedaría, así, oculto y nada se decidiría en
secrecía por parte de funcionarios-contratistas y por inversionistas con
apariencia de filántropos, pero disfrazados con piel de oveja. Nada que al
final de cuentas revierta en contra de quienes terminan pagando los platos
rotos; es decir, los contribuyentes y asustadizos asalariados, obreros y
jornaleros.
El
Gasoducto Sonora, de acuerdo con IENOVA, es un proyecto que conlleva
promisorios beneficios a la industria, la agroindustria; a los consorcios
turísticos y de servicios dentro de la competitividad y la generación de
empleos “bien pagados”. Sería un eficaz
detonador del desarrollo socioeconómico regional y medio para ahorrar energía, abatir
los índices de contaminación y acicate para obtener plusvalía en todos aquellos
ramos que tienen que ver con el uso del gas industrial.
Rogelio
Díaz Brown, líder en su carácter de Ejecutivo al frente del Municipio en todo lo
concerniente a seguridad pública, imagen urbana e integridad de vida para los
cajemenses, es del parecer que el gasoducto “sería una gran ventaja
competitiva que ofrezca el Municipio a inversiones”. En ese orden de
estimaciones, subrayó la importancia del ejercicio participativo a título de
condición para dar el asentimiento requerido. Refrendó, con gesto propio de autoridad
comprometida y responsable, el ofrecimiento en firme de contar con la opinión
ciudadana en la toma oficial de las más importantes decisiones.
Por
su parte, Antonio Alvidrez Labrado, segundo de a bordo en el gobierno municipal,
sumó su parecer al del munícipe cajemense expresando que el Gasoducto Sonora estimularía,
en términos de la libre competencia, la participación de productores e
inversionistas, alentaría a la población
laboral y a la comunidad en general para dar, con plena libertad, su aval al
susodicho proyecto, pues sería una gran oportunidad para la alianza
empresa-gobierno-sociedad.
Se
pondera, asimismo, el pronunciamiento de la Tribu Yaqui.
Conclusión:
el proyecto de Gasoducto está en el ojo de la tormenta. Revive lo ocurrido en
torno a los inicios, desarrollo y puesta en servicio del traído y llevado Acueducto
Independencia. Todo esto, cobijado en la impremeditación, la anarquía
administrativa y legal. Y con la violación temeraria del Estado de Derecho.
